El asambleísta manabita Jaime Estrada expone que una gestión municipal provocó el bloqueo de recursos para la EP Movilidad de Manta. Según el legislador, esa decisión impacta sueldos de más de 190 agentes de tránsito. La intervención de la empresa empezó el 10 de julio de 2025 tras denuncias de corrupción y nexos con el crimen en el ámbito de tránsito. El proceso se instaló por un exceso de matriculación de 35.000 vehículos frente a una capacidad de 11.000. Estrada recordó que en julio Finanzas transfirió recursos y se pagaron meses atrasados como mayo o junio. El panorama cambió en agosto con un nuevo bloqueo de remesas. El Municipio de Manta habría pedido al Consejo de Competencias detener envíos de Finanzas a la empresa. Esa solicitud, calificada por Estrada como una “zancadilla”, terminó generando atrasos salariales y tensión interna. El legislador afirma que Finanzas dejó de transferir hasta que se ajustaran presupuestos y techos de ingresos. Para destrabar, se articuló un acuerdo ministerial que involucra a Infraestructura, Transporte e Interior. La tramitología exigió que las entidades modifiquen sus planes antes de recibir dinero. Ahora se espera la firma de un convenio entre todas las instituciones para que el flujo llegue de forma ordinaria. La meta es que ese convenio quede esta semana y se pague antes de fin de mes. Estrada advierte que, aun con recursos, no se cubrirán al 100% los cinco meses adeudados. La prioridad será cancelar sueldos a trabajadores activos. Existe además una mora de 15 meses con el IESS que el interventor promete negociar de inmediato. La administración también activará cobros por alquileres en la terminal, con deudas que vienen desde 2019. Pese a una reunión informativa, el representante de los agentes, Víctor Zambrano, asegura que no hubo acuerdos a su favor. La nómina exclusiva de 195 agentes bordea los USD 120.000 mensuales y la huelga de hambre inició el 21 de octubre. El jefe policial de la intervención, Carlos Albán, deberá comparecer este martes 18 de noviembre ante la Comisión de Derechos y Humanos junto a Trabajo, Finanzas e Interior para explicar por qué no pagan.