El Gobierno de México rechazó este jueves la decisión del Congreso peruano de declarar persona non grata a Claudia Sheinbaum. La cancillería afirmó que la medida estuvo motivada por planteamientos falsos. En un comunicado, México defendió el asilo otorgado a Betssy Chávez. La ex primera ministra es juzgada junto al expresidente Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de 2022. La Secretaría de Relaciones Exteriores sostuvo que actuó conforme al marco jurídico internacional vigente para ambos países. México reiteró que la concesión del asilo se decidió con apego estricto al derecho internacional aplicable. Añadió que esas normas obligan tanto a México como a Perú. El Gobierno citó resoluciones de la Asamblea General de la ONU que definen el asilo como un acto pacífico y humanitario. Recordó que ese acto no puede considerarse inamistoso por otro Estado. La cancillería negó cualquier intervención en los asuntos internos del Perú. Aseguró que se mantuvo fiel a los principios de política exterior mexicanos y a su tradición diplomática. El pronunciamiento respondió a la votación del Congreso peruano realizada hoy.

Los legisladores hablaron de inaceptable injerencia por el asilo concedido a Chávez. La declaración fue aprobada con 63 votos a favor. El documento alegó una ofensa al sistema democrático peruano por las críticas a los mandatarios que sucedieron a Castillo. Castillo permanece en prisión preventiva desde el día del intento de golpe en Barbadillo. El 8 de octubre, la comisión de Relaciones Exteriores ya había avalado un primer dictamen para declarar a Sheinbaum persona non grata.

Ese paso se apoyó, entre otros hechos, en la reunión de Sheinbaum con el abogado argentino Guido Croxatto, defensor internacional de Castillo. El lunes, México informó que Chávez estaba en su embajada en Lima y que recibió asilo, mientras la Fiscalía pide 34 años para Castillo y 25 para ella. Tras ello, el Gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, que desde inicios de 2023 operaban sin embajadores por el no reconocimiento del Gobierno de Dina Boluarte.