Ecuador acudirá a las urnas el 16 de noviembre de 2025 para votar un referendo y una consulta popular. Una de las tres preguntas del referendo apunta a permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país. El Gobierno plantea eliminar la prohibición incorporada en 2008 como parte de su estrategia contra el crimen organizado. La papeleta preguntará si se suprime la prohibición de establecer bases e instalaciones extranjeras con fines militares y de ceder bases nacionales. El anexo propone sustituir el artículo 5 de la Constitución por una versión que diga únicamente “El Ecuador es un territorio de paz”. Hoy el artículo 5 también prohíbe bases e instalaciones extranjeras y la cesión de bases a fuerzas armadas o de seguridad de otros países. El debate revive el recuerdo de Manta, donde Estados Unidos operó entre 1999 y 2009 con vuelos antinarcóticos. Esas misiones aéreas se retomaron en tiempos de Lenín Moreno sin reforma constitucional, de acuerdo con los reportes públicos. En 2025, con violencia al alza, el Ejecutivo afirma que necesita cooperación más robusta. CNN mencionó que Ecuador prepararía una base en Manta, tema que no ha sido oficializado por el Gobierno. En septiembre, Marco Rubio dijo que, si los invitan a volver, lo considerarían muy seriamente. Analistas citados por agencias y medios señalan a Ecuador como pieza estratégica del Pacífico oriental. Renato Rivera advierte que Washington observa la zona también por el empuje comercial de China. Por eso se discute incluso un eventual despliegue en Galápagos, donde el narco usa puntos de abastecimiento en rutas hacia Centroamérica. Galápagos ya tuvo rol militar en la Segunda Guerra, al igual que Salinas, recuerdan especialistas. Para Fulton Armstrong, si se aprueba la reforma podrían darse operaciones conjuntas de vigilancia, con aviones, drones y atraque de buques. Persisten dudas sobre ubicación, reglas de operación, controles civiles y alcances jurídicos. El Gobierno defiende que la enmienda facilitaría golpes al narcotráfico y reforzaría la seguridad. Críticos alertan sobre riesgos a la soberanía y posibles efectos ambientales. La campaña cruzará argumentos hasta el día de la votación. La decisión final quedará en manos de los electores el 16 de noviembre.