Un adolescente de 14 años fue aprehendido por una tentativa de asesinato del 12 de octubre de 2024 en Esmeraldas, y la Policía señaló que él habría disparado desde una moto. En agosto de 2025 otro menor fue detenido en Los Ríos con tres armas, municiones y más indicios, y no estaba solo. En mayo de 2025, en el operativo Cero Impunidad 1142, se aisló a un adolescente por tenencia ilegal de arma y la Policía lo vinculó con Los Lobos. El 24 de octubre de 2025 un menor en moto realizó disparos afuera de una empresa en Guayaquil para extorsionar y en su casa hallaron dos armas. La Estrategia Emergente del Ministerio del Interior de enero de 2025 advirtió reclutamiento incluso en escuelas y desde los 10 años. Guayas apareció como la provincia más vulnerable y también se reportaron riesgos en Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, con casos en Pichincha. El 21 de enero de 2026 la vicepresidenta María José Pinto y el ministro John Reimberg llevaron a la Asamblea un proyecto de Ley para prevenir y erradicar el reclutamiento. El documento señaló que los menores son víctimas directas de estructuras que aprovechan su edad, pobreza y falta de protección estatal. La analista Katherine Herrera describió una evolución con precarización de la “mano de obra” infantil y adolescente. Hubo épocas en que algunos recibieron ingresos trimestrales e incentivos como motos o bonos cercanos a un salario básico por metas impuestas. Hoy se habló de pagos codificados y más bajos: entre USD 150 y 200 por actos de sicariato o tareas de gatillero. Esa baja de montos mostró que los chicos son reemplazables si mueren, caen presos o se van. La entrada a los grupos ya no respondió a búsqueda de pertenencia, fue por falta de alternativas de vida. Menores reclutados pasaron a ser captadores y vigilantes que presionan y amenazan a otros. Se registró incremento de trata y tráfico interno en grandes estructuras y en pandillas locales. El reclutamiento también creció en el llamado crimen desorganizado, con tareas de extorsión, “vacunas”, intimidación y violencia en entornos escolares urbanos, incluso en Quito. Las redes sociales como TikTok facilitaron el enganche y en varios casos hubo participación de familiares. El docente Martín Domínguez citó reportes de la Defensoría y Unicef que alertaron una tendencia grave entre 2024 y 2026. La tasa de muertes violentas de menores subió 640% en cuatro años, mostrando su exposición directa al conflicto. En 2025 hubo 257 casos formales de reclutamiento forzado, 62% varones y 38% mujeres, con relación a la deserción escolar. El COIP sanciona el reclutamiento con 10 a 13 años, pero su aplicación ha sido limitada por dificultades para probar jerarquías. El proyecto del Ejecutivo planteó subir las penas a 22 a 26 años para quienes recluten en delitos graves. Persistió la tensión entre el Código de la Niñez, que reconoce a los menores como víctimas, y la presión por sanciones más fuertes a adolescentes. El psicólogo Emilio Carrillo advirtió que reformas parciales, sin enfoque integral de derechos, pueden fallar. También recordó factores como maltrato, deserción, trabajo infantil, suicidio, embarazo adolescente y abuso sexual que agravan el cuadro.