Tres Ministerios se unen para controlar telecomunicaciones en cárceles


El Ministerio del Interior, Telecomunicaciones y Arcotel buscan frenar la coordinación delictiva desde las cárceles
El acceso ilimitado a Internet en las cárceles de Ecuador ha permitido que personas privadas de la libertad (PPL) coordinen actividades delictivas desde su encierro, lo que representa un desafío para las autoridades de seguridad. Para contrarrestar esta problemática, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Telecomunicaciones y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) firmaron el 15 de octubre un convenio destinado a controlar las telecomunicaciones en los Centros de Privación de Libertad (CPL).
El acuerdo busca promover "la seguridad, control interno y orden público en los CPL a través de la inhabilitación de los servicios de telecomunicaciones". De esta forma, las autoridades podrán bloquear el acceso a Internet que los reos utilizan para coordinar delitos, lo que ha sido un problema evidente durante episodios como las masacres carcelarias, donde incluso se realizaron transmisiones en vivo por redes sociales como TikTok.
Mónica Palencia, ministra del Interior, señaló que este convenio permitirá fortalecer la seguridad en las cárceles, evitando que se conviertan en centros de mando de bandas criminales. “Queremos que las telecomunicaciones dejen de ser una herramienta para el narcotráfico y el crimen organizado”, afirmó la ministra, haciendo referencia a casos emblemáticos como el de alias "Invisible", quien desde la cárcel de Cotopaxi organizó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, o Leandro Norero, conocido por sus conexiones con redes delictivas desde prisión.
El convenio establece que el Ministerio del Interior recibirá información en tiempo real sobre el estado de los servicios de telecomunicaciones en las cárceles. Esto permitirá un monitoreo constante y efectivo de la situación, con el fin de cortar cualquier intento de comunicación desde las cárceles hacia el exterior. Las autoridades esperan que esta medida contribuya a reducir la influencia de las mafias que operan desde dentro de los centros penitenciarios, uno de los principales desafíos de la seguridad nacional en el país.
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