Este miércoles 11 de junio, la Asamblea Nacional negó la propuesta del correísmo para fiscalizar los contratos del Gobierno con la empresa eléctrica estadounidense Progen. Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana (RC), pidió incluir el tema en el orden del día, pero la moción no pasó: 71 votos a favor, 76 en contra. ADN y su facción aliada de Pachakutik se cerraron filas y lograron frenar la fiscalización. Incluso recuperaron votos de Carmen Tiupul y Manuel Choro, quienes un día antes no apoyaron la Ley de Inteligencia. El oficialismo también contó con los votos de los expulsados de RC, Sergio Peña y David Arias, que esta vez se alinearon con el correísmo, pero no fue suficiente. Luna alertó sobre equipos supuestamente usados y fuera de norma, que estarían llegando al país como parte de los proyectos con Progen. El objetivo era que la ministra de Energía, Inés Manzano, explique qué pasa con esos contratos. Sin embargo, no se logró ni siquiera abrir el debate. El asambleísta del PSC, Alfredo Serrano, se preguntó por qué el oficialismo teme que Manzano dé explicaciones. Recordó que este tipo de bloqueos eran lo que antes se criticaba al correísmo. Ahora, dice, el Gobierno hace lo mismo. Desde ADN aseguran que detrás del pedido hay motivaciones políticas y que los legisladores pueden fiscalizar desde sus despachos. Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización también se negó a avanzar con el juicio político contra el ministro de Defensa, sumando más dudas sobre la verdadera intención de la mayoría legislativa. A esto se suma que Progen ya solicitó arbitraje internacional por sus contratos, lo que levanta más sospechas. Para muchos, lo que se está viendo en la Asamblea es una especie de “pacto de silencio” que impide conocer si se están usando bien los recursos del país en medio de la crisis energética. El Gobierno insiste en que no habrá apagones, pero no quiere que pregunten mucho sobre cómo se están contratando las plantas eléctricas.