La Contraloría inició un examen especial al tercer contrato de Progen Industries LLC, firmado con Eerssa el 26 de julio de 2024 por USD 20,1 millones para repotenciar la central Catamayo en Loja, con entrega prevista para enero de 2025.

Luego se amplió el plazo al 24 de febrero de 2025, pero la planta aún no opera.

Progen recibió USD 14 millones como anticipo (70 %), pero no se ha demostrado la condición ni el estado de los motores EMD ofertados.

Según un informe de una comisión técnica de Eerssa, no se incluyeron los números de serie ni los años de fabricación de los motores en la propuesta.

Esta es la tercera auditoría: ya investigaron los contratos de Termopichincha y Termoguayas, donde Progen tampoco cumplió.

Esos dos proyectos sumaban USD 149,1 millones (50 MW en Quevedo III y 100 MW en Salitral) adjudicados en agosto de 2024.

Se esperaba que operaran en noviembre de 2024, pero enfrentaron constantes atrasos.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa canceló unilateralmente ambos contratos y denunció a Progen por estafa.

La Contraloría ya completó exámenes y detectó perjuicios al Estado por USD 100 millones en los proyectos de Quevedo y Salitral.

Ahora, la atención está en Catamayo, donde el contrato aún no ha generado beneficios reales tras más de un año.

Se espera que la auditoría de la Contraloría revele si hubo irregularidades en la adquisición y entrega de los motores.

Además, se busca esclarecer qué justificaciones dio Progen para el retraso y falta de documentación técnica.

El país sigue pendiente de si la central Catamayo va a entrar en operación o será otro contrato fallido.

La nueva auditoría suma presión sobre Progen para justificar el uso de fondos públicos.

Autoridades locales y nacionales estarán atentas al resultado del examen especial.

Si se confirman perjuicios al Estado son posibles nuevas sanciones o acciones legales.

Mientras tanto, la planta sigue sin energía y pone en pausa mejoras en la red eléctrica del sur del país.

Este caso suma sospechas sobre la capacidad de Progen para ejecutar obras en Ecuador.

Ciudadanos y usuarios de energía exigen respuestas claras y plazos reales para la entrega.