La Asamblea Nacional tenía previsto debatir este 7 de julio la nueva Ley de Extradición. El proyecto busca modernizar el sistema ecuatoriano para la entrega de personas requeridas por la justicia. Además, apunta a reemplazar la legislación que rige desde el año 2000. El informe para segundo debate sostiene que la norma actual tiene vacíos legales. También señala que hay trámites poco claros que frenan la cooperación internacional frente al crimen organizado transnacional. Los números muestran el tamaño del problema. Entre 2019 y marzo de 2024, Ecuador tramitó más de 200 solicitudes de extradición activa. De ese total, 72 terminaron con la entrega efectiva de la persona requerida. La propuesta también define con más claridad quién mueve el proceso. El presidente de la Corte Nacional de Justicia sería quien conozca la causa y decida si la extradición procede. 

Pero la última palabra seguiría en manos del Presidente de la República. El proyecto indica que esa autoridad podría negar la entrega por soberanía, reciprocidad, seguridad, orden público u otros intereses esenciales del Estado. Además, esa decisión no tendría recurso ordinario. Otro cambio fuerte toca la prisión preventiva. El texto plantea que el tiempo que una persona pase detenida en otro país por un proceso de extradición no contará para la caducidad de esa medida en Ecuador. También fija topes para la prisión preventiva con fines de extradición. Serían hasta seis meses para delitos con pena de hasta cinco años. Y llegarían hasta un año cuando la sanción supere ese tiempo. La iniciativa también enumera casos para negar una extradición, como riesgo de tortura, pena de muerte, asilo, tribunales de excepción o si la persona requerida es menor de 18 años. Para los ecuatorianos, la propuesta señala que no habría extradición por hechos imputados anteriores al 9 de mayo de 2024.