Este 15 de octubre de 2024, el Consejo de la Judicatura (CJ) decidió destituir a un fiscal de la provincia de Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, durante la sesión extraordinaria número 120-2024. La medida se tomó luego de que el funcionario fuera señalado por solicitar un pago de USD 10 000 a la hermana de un procesado por el delito de violación.

Los informes técnicos presentados durante la sesión revelan que el fiscal habría solicitado el dinero para supuestamente cubrir los gastos de peritaje y favorecer al acusado dentro del proceso judicial. Según el testimonio de la mujer afectada, ella realizó dos depósitos: el primero de USD 5 000 y el segundo de USD 3 000, entregados directamente al ahora exfiscal. Para reunir el dinero, la denunciante tuvo que recurrir a un crédito bancario.

La devolución del dinero no detuvo la destitución

Aunque el dinero fue devuelto, la actuación del fiscal fue considerada como una infracción disciplinaria grave, según lo establece el artículo 109.11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Este artículo sanciona la solicitud o recepción de préstamos, bienes o favores que comprometan la imparcialidad de un servidor judicial. La decisión de la destitución fue aprobada por unanimidad, con los votos de los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes, Merck Benavides y el presidente del CJ, Mario Godoy.

Consecuencias del caso Plaga

El caso del fiscal destituido se enmarca dentro de un contexto más amplio de medidas disciplinarias por parte del Consejo de la Judicatura, conocido como Caso Plaga, que también ha implicado la remoción de otros seis servidores judiciales. Además, la sesión extraordinaria abordó la nulidad parcial del concurso de jueces de la Corte Nacional y la necesidad de designar conjueces temporales, lo que evidencia la crisis interna que enfrenta el sistema de justicia en el país.

La destitución del fiscal refleja la intención del CJ de mantener la transparencia y la ética dentro de la función judicial, pero también deja en evidencia las grietas que la corrupción ha abierto en el sistema. La ciudadanía sigue expectante ante los próximos movimientos en esta lucha por limpiar la administración de justicia en Ecuador.