El correísmo denunció este miércoles que Jorge Glas «se va a morir en manos del Estado» si no recibía sus medicinas. La alerta se lanzó tras su traslado del 10 de noviembre a la nueva cárcel del Encuentro en Santa Elena. La asambleísta Damaris Cáceres aseguró que a Glas no le administraron su medicación desde ese movimiento. Señaló que el exvicepresidente recibe una inyección mensual y que esta no fue aplicada. Advirtió que su salud podía complicarse rápidamente sin ese fármaco. Cáceres añadió que supuestamente tampoco le entregaron agua, comida y suplementos. La defensa también encendió alarmas el martes. La abogada Sonia Vera afirmó que en la nueva cárcel emblema del Gobierno él enfrentaba un trato de «estándar mínimo de humanidad». Contó que en una reunión telemática él le dijo que no recibía su medicina ni atención médica adecuada. Además indicó que el centro apenas tenía un 40% de avance en su construcción. Desde el Gobierno llegó una versión distinta. El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo este miércoles que Glas tuvo más de cuatro visitas médicas en este corto tiempo. Aseguró que recibió la atención necesaria dentro del penal. Antes del traslado, Glas permanecía en La Roca, la antigua cárcel de máxima seguridad. Estaba allí desde 2024, luego del asalto ordenado por Daniel Noboa a la Embajada de México en Quito para sacarlo a la fuerza cuando ya tenía asilo. Sobre él pesan tres condenas por delitos de corrupción. La asambleísta Ledy Zúñiga pidió al Gobierno cumplir las medidas provisionales de la Corte IDH dictadas en octubre. Dichas medidas ordenaron al Estado garantizar la salud física y mental del exvicepresidente. Zúñiga alertó que la vida de Glas estaba en peligro y que había una obligación que cumplir. En su mensaje reclamó el fin de lo que llamó una vendetta política contra su compañero.