Desde que surgieron los primeros indicios en junio sobre contrataciones dentro de la Asamblea por vínculos familiares, la polémica no ha parado, a mediados de julio el presidente Niels Olsen divulgó un listado sin nombres de 40 personas desvinculadas por este motivo, la nómina incluía cargos y corrientes políticas, pero mantenían ocultos los nombres y dependencias, grupos como ADN, PSC, RC y Pachakutik exigen que no sea el cierre del caso y piden transparencia, el 7 de julio Olsen prohibió estas prácticas y solicitó la renuncia de cerca de 40 funcionarios imputados, el 11 de julio renunciaron los familiares del legislador Dominique Serrano, el Consejo de Administración Legislativa aceptó las renuncias y se comprometió a reformar normas, el 14 y 15 de julio fueron desvinculados un sobrino y una cuñada del asambleísta Santiago Díaz, según el listado 12 empleados cómplices pertenecían a correísmo, PSC y RC reclaman que se publiquen los nombres para permitir cruces de información, Alfredo Serrano afirma que el manejo de estos contratos puede configurar tráfico de influencias y pide que la investigación avance, Blasco Luna de Revolución Ciudadana suma que podría haber perjurio porque los legisladores deben declarar parentesco, Cecilia Baltazar aliada a ADN defiende seguir el proceso pero rechaza difundir nombres para proteger la privacidad, todos coinciden en que no basta con quitar empleos y piden depurar normas, si procede, sancionar penalmente a los responsables, el debate continuará en los próximos días con llamados a reformar leyes y seguir el caso.