El incremento de tarifas no solo afectará a las familias ecuatorianas; también reducirá consumo, ventas empresariales y dinamismo del sistema financiero en una economía ya desacelerada.

El alza de pasajes en el Ecuador es prácticamente inevitable y todo apunta a que se concretará en el corto plazo debido a la reducción progresiva de compensaciones estatales al transporte público, las presiones sobre las finanzas públicas y el elevado costo de importación de combustibles. El reciente esquema aplicado por el Gobierno trasladó temporalmente parte del costo político hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados, especialmente municipios, que deberán discutir y aprobar nuevas tarifas en medio de limitaciones presupuestarias cada vez más fuertes. El problema es que este ajuste llegará en un momento económico delicado para los hogares ecuatorianos. Según el INEC, la canasta básica familiar ya supera los USD 829, mientras que más del 60% de hogares no logra cubrirla completamente con sus ingresos. A esto se suma que el transporte representa aproximadamente el 15% del gasto corriente mensual de las familias después de alimentos y bebidas, convirtiéndose en uno de los rubros más sensibles dentro del presupuesto familiar.

En una economía dolarizada y con bajos niveles de crecimiento del ingreso real, el incremento de tarifas tendrá efectos directos sobre la capacidad adquisitiva de la población. La situación es todavía más compleja para trabajadores en condiciones de subempleo, informalidad o empleo no pleno, segmentos que concentran una gran parte de usuarios del transporte público y cuyos ingresos se encuentran alrededor o incluso por debajo del salario básico de USD 482. En términos económicos, el transporte es un gasto relativamente inflexible, es decir, las familias difícilmente pueden dejar de movilizarse para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos. Por ello, cuando aumenta el costo de transporte, los hogares terminan ajustando otros componentes de consumo como alimentación, salud, recreación o educación. Esto explica por qué el incremento de tarifas no solo tiene un efecto inflacionario directo, sino también un efecto indirecto sobre bienestar y pobreza.

Sin embargo, el impacto no se limita únicamente a las familias. Una reducción de la capacidad de consumo también afecta al sector empresarial, especialmente al comercio, servicios y pequeñas empresas que dependen del gasto diario de los hogares. Cuando una parte mayor del ingreso se destina a transporte y servicios básicos, las personas consumen menos bienes y actividades no esenciales, reduciendo ventas y liquidez empresarial. Este efecto puede parecer gradual al inicio, pero termina afectando producción, contratación y expectativas económicas. De hecho, varios indicadores recientes ya muestran señales de desaceleración en consumo y confianza empresarial en el país. En ese contexto, un incremento de pasajes podría profundizar todavía más el debilitamiento de la demanda interna.

El sistema financiero también termina afectado por este escenario. Menor consumo implica menor dinamismo económico y, por tanto, una menor demanda de crédito tanto de hogares como de empresas. Cuando las familias tienen menor capacidad de pago, aumenta además el riesgo de deterioro de cartera en segmentos de microcrédito y consumo. Paralelamente, empresas con menores ventas reducen inversión y financiamiento productivo. Esto ocurre en un contexto donde la economía ecuatoriana ya enfrenta restricciones estructurales derivadas de la dolarización, baja liquidez y limitada capacidad de expansión fiscal. Solo entre enero y marzo de 2026 el Ecuador destinó más de USD 1.637 millones a importación de combustibles, reflejando la fuerte dependencia energética del país y la presión permanente sobre las cuentas externas y fiscales.

Por ello, el desafío del Gobierno no pasa únicamente por evitar o aprobar un incremento tarifario, sino por administrar el ajuste económico de manera prudente y técnicamente sostenible. El país necesita mecanismos que permitan amortiguar el impacto sobre hogares y sectores productivos, evitando que el peso del ajuste recaiga completamente sobre consumidores de ingresos medios y bajos. De lo contrario, el incremento de pasajes podría convertirse en un factor adicional de desaceleración económica, deterioro del consumo y aumento de vulnerabilidad social en un momento donde la economía ecuatoriana todavía muestra fragilidad en empleo, ingresos y crecimiento.

Christian Palacios

 Econ. Analista económico y editorialista