El Gobierno se pone en marcha a contrarreloj y prepara su quinto decreto ley para enviar a la Corte Constitucional, esta vez enfocado en acelerar la contratación pública. A solo cuatro meses del final del mandato de Guillermo Lasso, la inversión pública ha avanzado lentamente. De los 2.143,4 millones contemplados en el plan anual de inversiones 2023, se han ejecutado tan solo 600,4 millones hasta julio, es decir, el 28%.

El Ejecutivo atribuye la falta de progreso a los obstáculos en los procesos de contratación pública. Según el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, el decreto ley busca destrabar los obstáculos impuestos por la extensa normativa que regula la contratación pública en Ecuador.

El objetivo es agilizar la ejecución de obras urgentes, como el mantenimiento de infraestructuras ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño. Los sectores de transporte y obras públicas, seguridad, salud y educación se encuentran con grandes porciones de sus presupuestos sin ejecutar.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por ejemplo, ha utilizado apenas 74,2 de los 265,1 millones asignados. En seguridad, el Ministerio del Interior ha ejecutado solo 8,6 de los 96,9 millones previstos. En salud y educación, se ha invertido el 30% y el 40% de lo planeado, respectivamente.

Cabe recordar que la Corte Constitucional ha negado tres de los cuatro decretos ley presentados por Lasso, argumentando que no cumplían con el criterio de urgencia. Este nuevo intento buscará cumplir con los criterios para acelerar los procesos pendientes.