El asambleísta Héctor Rodríguez, de RC5, pidió este 5 de noviembre la renuncia inmediata de Édgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS. Lo hizo tras presentar un informe de la Contraloría que confirmó una glosa por $3,757,712 por presuntos cobros indebidos. Rodríguez señaló que contratos de servicios de salud fueron adjudicados a Teotón Servicios de Salud y a Servicios Hospitalarios AlboTeotón S.A. Afirmó que esas empresas estaban vinculadas al grupo familiar de Lama. El legislador sustentó su pedido en la resolución N.º 25457, emitida el 21 de abril de 2025 y ratificada en tercera instancia. Ese documento identificó 24 trámites sin respaldo documental ni médico. El asambleísta describió el caso como un esquema estructurado de saqueo y posible peculado por conflicto de intereses. Como ejemplo, detalló que Teotón Servicios de Salud recibió $112.340,15 por una cirugía y hospitalización por trauma sin historia clínica completa.

Según su denuncia, tampoco constaron informe quirúrgico firmado, registro anestésico, consentimiento informado ni acta de auditoría médica. Rodríguez expresó que el IESS pagó una intervención sin evidencia de que fue realizada. El legislador añadió que empresas del grupo familiar de Lama acumularon contratos por cerca de $30 millones con el IESS. Aseguró que se intentó consolidar un monopolio en el manejo de esas compañías de salud. Indicó que otras clínicas competidoras no recibieron pagos del IESS y quedaron en riesgo de quiebra. Para contextualizar, recordó auditorías previas entre 2018 y 2023 que detectaron irregularidades en el 33% de procesos de selección de prestadores externos. Mencionó que en 2019 se pagaron $1.549.915 en Guayaquil sin informes de revisión. Apuntó que en 2022 el IESS suspendió 64 contratos por perjuicios de $3 millones y despidió a 12 personas por adjudicaciones irregulares.

Desde Carondelet, la vocera de Presidencia, Carolina Jaramillo, respondió que era absolutamente falso que el director del IESS hubiera pagado exclusivamente a una empresa relacionada con su entorno familiar. Jaramillo citó que entre enero y octubre de 2025 se desembolsaron $500 millones a prestadores externos tras procesos de fiscalización. En un comunicado, el IESS señaló que con la gran mayoría de proveedores externos se mantuvo una colaboración armónica y sin problemas. El propio Lama dijo que algunos proveedores incurrieron en cobros excesivos, autoagendamientos y citas duplicadas. Afirmó que no se detectaron irregularidades en la auditoría a la Clínica Kennedy. Precisó que su familia no mantenía participación accionaria en esa institución desde hacía más de un año. La discusión quedó abierta a nuevas revisiones y a decisiones que pudieran tomar las autoridades competentes.