El Gobierno informó que la Agencia de Regulación y Control Minero identificó un total de 387 puntos de minería ilegal en 16 provincias. La entidad reveló que en 40 de esos lugares existen grupos armados que respaldan y protegen estas actividades. Esas zonas peligrosas están ubicadas en 9 provincias, incluyendo Imbabura, Carchi y Esmeraldas. También se encontraron sitios conflictivos en Sucumbíos, Orellana, Napo, Azuay, El Oro, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. En la zona de La Merced de Buenos Aires, Imbabura, un soldado murió durante un operativo el 3 de julio. Además, en altos del río Punino, en Napo, el 9 de junio fueron asesinados 11 militares en una acción contra estas minas. La Arcom advirtió que en esos lugares los grupos armados se enfrentan cada vez más con las Fuerzas Armadas. Señaló que las comunidades locales apoyan la minería ilegal para obtener ingresos directos. La agencia reveló que 15 concesiones en Napo fueron denuncias por actividades fuera de la ley. Tras las inspecciones, 11 concesiones fueron suspendidas y cuatro caducaron. El informe resaltó que la corrupción y la presencia de armas y explosivos complican los controles. También mencionó vínculos con delitos como extorsión, trata de personas y trabajo infantil. Entre julio y diciembre de 2024, Arcom realizó 30 operativos para frenar esta actividad. Hasta ahora, Arcom cuenta con 164 funcionarios y un presupuesto de 5,7 millones de dólares para este año. Desde el 31 de julio empezará a recaudar una tasa a las empresas mineras, lo que podría elevar el presupuesto a 200 millones anuales. Con esos fondos planean contratar al menos 190 empleados y abrir nuevas oficinas técnicas y distritales. También adquirirán camionetas blindadas, drones y espectrómetros. El plan busca contener el avance de la minería ilegal y desmantelar las redes criminales que la sostienen. El panorama es complejo y requiere acción urgente del Estado.