El Consejo de la Judicatura abrió una revisión que vuelve a mirar de frente a sus antiguas cabezas. La presidenta Mercedes Caicedo anunció este 11 de mayo de 2026 una verificación de procesos administrativos, financieros y contratos firmados en los últimos seis años. Para eso, la institución pidió a la Contraloría General del Estado exámenes especiales y verificaciones técnicas. El pedido cubre lo actuado entre enero de 2020 y abril de 2026. La revisión alcanza a seis exautoridades que estuvieron al frente del organismo como titulares o encargados. En la lista aparecen María del Carmen Maldonado y Fausto Murillo. También constan Álvaro Román y Wilman Terán. A ellos se suman Mario Godoy y Damián Larco. La meta, según la nueva administración, es tener un diagnóstico claro de la situación que recibió. Con ese movimiento, la Judicatura puso bajo revisión varios años de decisiones internas.

Uno de los focos del pedido apunta a la contratación de personal realizada en las gestiones anteriores. También se pidió revisar las consultorías y las operaciones administrativas y financieras ejecutadas en ese mismo periodo. Otro punto sensible está en las obras de repotenciación del Complejo Judicial de la Florida Norte, en Guayaquil. Ese proyecto fue señalado de forma expresa dentro de los temas que preocupan a la nueva cúpula. En un comunicado, la administración de Caicedo aseguró que no ocultará información sobre posibles irregularidades. Además, ofreció promover mecanismos de control dentro del sistema de justicia. El pedido incluye a todas las presidencias y encargos registrados en ese tramo de tiempo. Eso significa que la lupa no se queda únicamente en Wilman Terán y Mario Godoy. La decisión abre un nuevo frente interno dentro del organismo. Y deja claro que el nuevo equipo quiere revisar nombramientos, contratos y obras con apoyo de la Contraloría.