La recientemente aprobada Ley de Transparencia Pública en Ecuador busca controlar el uso de recursos estatales y limitar los gastos del sector público. Sin embargo, esta normativa ha generado alarma entre los trabajadores estatales, ya que implica la reducción o eliminación de ciertos beneficios y bonificaciones. Actualmente, el país cuenta con cerca de 515.000 funcionarios públicos, quienes son responsables de servicios fundamentales como la educación, salud, seguridad, justicia y administración. Al afectar sus condiciones laborales, la ley impacta no solo a quienes trabajan en el sector público, sino también a millones de ciudadanos que dependen de estos servicios esenciales.

Desde el punto de vista económico, la ley podría agravar la ya frágil situación del país. La reducción de ingresos para miles de familias implica menos consumo, menor dinamismo económico y mayor inestabilidad social. Además, la incertidumbre y desmotivación entre los trabajadores públicos pueden traducirse en una caída en la calidad de los servicios que prestan. Ecuador ya enfrenta problemas estructurales debido al debilitamiento del Estado, con hospitales sin recursos, escuelas con déficit de personal y falta de seguridad ciudadana, todos síntomas de un aparato estatal en retroceso.

Por estas razones, la ley debe ser revisada y discutida de manera amplia y participativa. Múltiples gremios han manifestado su inconformidad, advirtiendo que una reforma sin diálogo puede afectar gravemente al país. Se necesita un acuerdo nacional que garantice la transparencia en el manejo de lo público, pero que no sacrifique la estabilidad laboral ni la calidad de los servicios estatales. La eficiencia no debe lograrse a costa del bienestar social.