Un operativo realizado en la madrugada del 26 de agosto en la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, dejó al descubierto un presunto caso de minería ilegal que involucra tanto a civiles como a miembros de las Fuerzas Armadas. En total, 14 personas fueron aprehendidas, incluyendo a cuatro militares en servicio activo, uno de ellos con el rango de Teniente Coronel.

Los hechos ocurrieron cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron la marcha de tres camiones que transportaban material mineralizado. Durante la inspección, se descubrió que los vehículos contenían un cargamento de material aurífero en proceso de trituración, lo que le otorgaba un valor considerable. Entre los ocupantes de los camiones se encontraban los 14 implicados, quienes fueron inmediatamente puestos bajo custodia para el inicio de las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía, en base a los elementos de convicción recabados, procedió a formular cargos contra todos los detenidos. Entre las pruebas presentadas en la audiencia se incluyen el reconocimiento del lugar de los hechos, el análisis macroscópico preliminar del material aurífero realizado por la Policía Nacional, así como las versiones de los agentes que participaron en el procedimiento y las declaraciones de los procesados.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia, que concluyó la mañana del 27 de agosto, el Juez encargado del caso dictó prisión preventiva para los diez civiles involucrados. Sin embargo, en una decisión que ha generado gran controversia, los cuatro militares, incluyendo al Teniente Coronel, recibieron medidas alternativas a la prisión, consistentes en presentaciones periódicas ante la autoridad judicial y la prohibición de salida del país.

Este fallo ha causado un gran revuelo en la provincia de Imbabura y en todo el país, ya que muchos consideran que la medida es un reflejo de un trato diferenciado y privilegiado hacia los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes, a pesar de estar implicados en un delito grave como la minería ilegal, no enfrentarán las mismas consecuencias que los civiles.

La Fiscalía, por su parte, ha reiterado su compromiso de seguir adelante con el proceso penal y de garantizar que todos los involucrados, sin importar su rango o posición, sean juzgados de acuerdo a la ley. El material incautado ya está bajo custodia de las autoridades competentes para su análisis detallado, lo que podría proporcionar más pruebas en el desarrollo del caso.

Este incidente pone nuevamente en el centro de la discusión la problemática de la minería ilegal en Ecuador, una actividad que no solo afecta al medio ambiente y a las comunidades locales, sino que también involucra a actores inesperados, como en este caso, miembros de las Fuerzas Armadas. La ciudadanía se mantiene expectante ante el desarrollo de este caso y la eventual resolución judicial que se dicte en contra de los involucrados.