La Asamblea Nacional del Ecuador por medio de la ley de Integridad Pública obligará a las cooperativas de ahorro y crédito más grandes del país a transformarse en bancos. Esta ley entrará en vigor durante el segundo semestre de 2025, una vez que se emitan los reglamentos técnicos por parte de la Superintendencia de Bancos y el Banco Central. El objetivo es fortalecer la supervisión sobre las entidades financieras que, pese a su figura cooperativista, manejan volúmenes de activos comparables o incluso superiores a los de algunos bancos medianos. En Ecuador existen más de 500 cooperativas activas que conforman el sistema financiero popular y solidario, con más de 9 millones de socios. Estas instituciones concentran más del 18% de los depósitos del sistema financiero nacional y cerca del 20% de la cartera de crédito. Sin embargo, unas pocas cooperativas, como Jardín Azuayo, JEP o Cooprogreso, representan una porción desproporcionadamente grande de estos recursos, operando en la práctica como verdaderos bancos.

La necesidad de aplicar esta ley surge por el crecimiento y complejidad de estas cooperativas, que ya no pueden seguir bajo el mismo marco regulatorio que entidades pequeñas o medianas. Hasta ahora, la supervisión de las cooperativas ha estado a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), pero esta institución ha sido objeto de cuestionamientos por su limitada capacidad para controlar el sistema. Un ejemplo reciente es el cierre de la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato en 2023, que dejó a miles de socios afectados por la falta de control oportuno. Frente a esto, la nueva ley transfiere la supervisión de las cooperativas grandes a la Superintendencia de Bancos, que cuenta con mayor capacidad técnica, recursos y experiencia para asegurar una regulación prudente y transparente.

No obstante, se prevé la creación de un segmento especial dentro del sistema bancario para estas cooperativas transformadas en bancos, reconociendo que no operan exactamente igual que la banca tradicional. Las cooperativas, por su naturaleza, están orientadas al servicio de sus socios, con tasas de interés más bajas, productos más inclusivos y cobertura en zonas rurales o marginadas que muchas veces no son atendidas por la banca comercial. Por eso, se espera que estas nuevas “cooperativas bancarizadas” conserven elementos distintivos de su modelo solidario y no pierdan su enfoque social, aunque estén sujetas a reglas más estrictas de solvencia, transparencia y control.

Esta reforma representa un avance para el sistema financiero ecuatoriano, ya que permitirá un mayor control sobre los riesgos sistémicos asociados a instituciones grandes que manejan fondos del público. Al garantizar una supervisión más rigurosa, se protege no solo a los socios de las cooperativas, sino a la estabilidad financiera del país en general. En un contexto donde el crédito y el ahorro popular son motores clave del consumo y la inversión, fortalecer la confianza en las instituciones financieras es esencial para sostener el crecimiento económico. Si se implementa con responsabilidad, esta medida puede marcar el inicio de una nueva etapa para las finanzas solidarias del Ecuador, más sólidas, más transparentes y más seguras para todos.