Un juez ordenó la prisión preventiva del director de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Pedro Abril, y de ocho detenidos más tras la audiencia de formulación de cargos. La resolución se tomó el sábado 31 de enero, un día después de los operativos. La causa se abrió por presunta delincuencia organizada ligada a trámites de tránsito. Abril alegó que él mismo denunció los hechos que hoy se investigan. Pese a esa postura, el juez consideró suficientes los elementos expuestos por la Fiscalía. La Fiscalía General del Estado informó que a una mujer se le impuso presentación periódica y prohibición de salida del país. Según la investigación, todo empezó en julio de 2025 con una alerta recibida en la línea 1800-Delito. El reporte hablaba de cobros de 150 a 250 dólares para obtener matrículas, licencias o permisos sin turno. Como parte del proceso se aplicaron seguimientos y vigilancias para reunir indicios. Esas diligencias se enmarcaron en el llamado caso Jaque. La Policía Nacional ejecutó 23 allanamientos en Pichincha, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas. En esos sitios se incautaron documentos, dispositivos electrónicos, cientos de licencias, celulares, memorias y dinero. La Fiscalía difundió que se formularon cargos contra 10 personas y que nueve quedaron con prisión preventiva. En redes, Pedro Abril rechazó las acusaciones y pidió que se respete su nombre. Afirmó que el 20 de enero de 2026 presentó la denuncia de forma voluntaria. Dijo que espera que todo se resuelva con base en hechos y no en titulares. El ministro del Interior, John Reimberg, calculó un perjuicio que superaría los tres millones de dólares. Según su versión, el dinero habría sido desviado a cuentas de participantes y a niveles altos de mando. Reimberg advirtió que caerán quienes se beneficiaron y que se investigarán posibles nexos con Los Choneros. La entidad de tránsito quedó bajo la lupa mientras avanza el proceso penal.