La Proforma Presupuestaria 2026 ha desatado controversia porque, aunque se presenta como un documento responsable, está construida sobre pilares frágiles. El Gobierno propone un gasto global de USD 46.255 millones, pero reconoce un déficit de USD 5.413 millones, lo que equivale a cerca del 4% del PIB. A esto se suma un dato crítico: en 2026 el país deberá destinar más de USD 12.700 millones al servicio de la deuda, entre intereses y amortizaciones. Esto significa que una parte sustancial del presupuesto no se dirige a inversión social o productiva, sino a cubrir compromisos financieros acumulados.

El optimismo del Ejecutivo se refleja en supuestos macroeconómicos que han sido cuestionados por especialistas. La proforma asume un crecimiento económico del 1,8 % y un precio del petróleo de USD 53,5 por barril. Sin embargo, el desempeño reciente del país no respalda estas expectativas: la economía continúa estancada, la informalidad supera el 50 % y los choques externos afectan de forma directa el ingreso fiscal. Si estas proyecciones no se cumplen, el presupuesto podría quedar desfinanciado en cuestión de meses.

Otro punto crítico es la calidad del gasto. Aunque el documento presume un aumento en inversión, diversos análisis muestran que ministerios clave, como Salud, Educación y Seguridad, han ejecutado apenas una parte del presupuesto asignado en años previos. Esto genera un riesgo doble: inflar cifras de inversión sin capacidad real de ejecución y destinar recursos a áreas políticamente convenientes, pero sin impacto efectivo. El resultado sería un presupuesto que luce expansivo en el papel, pero limitado en la práctica.

Finalmente, la estructura fiscal propuesta para 2026 profundiza la dependencia del endeudamiento y de ingresos inciertos, como venta de activos, operaciones de monetización y nuevos créditos externos. Sin reformas estructurales, mejora en la recaudación y un plan claro de sostenibilidad, la proforma corre el riesgo de convertirse en un ejercicio contable más que en una estrategia económica realista. El país requiere un presupuesto transparente, ejecutable y técnicamente sólido; la Proforma 2026, en cambio, deja abiertas más preguntas que respuestas.