El riesgo país de Ecuador se ubicó en 761 puntos el jueves 18 de septiembre y encendió las alarmas en los mercados. En tres días, el índice saltó 89 puntos y borró el respiro que se vio a inicios de semana. La escalada llegó después del anuncio de un paro por parte de la Conaie. Antes de eso, el indicador había caído por debajo de 700, su nivel más bajo desde octubre de 2019. El Gobierno anunció la eliminación del subsidio al diésel la noche del viernes 12 de septiembre. El lunes 15, la reacción inicial fue optimista y el riesgo país bajó a 672 puntos. El martes 16 volvió a subir y superó otra vez los 700. Para el jueves 18 cerró en 761, 55 más que la jornada previa. Ese mismo martes, habitantes de San Miguel del Común bloquearon la Panamericana Norte, en Oyacoto, contra el fin del subsidio. El riesgo país es un termómetro de JP Morgan que mide qué tan probable ven los acreedores el pago de la deuda. Cuando subió, reflejó nerviosismo y temor de impago o default. Cuando bajó, mostró confianza en la capacidad de pago del país. Desde la reelección de Daniel Noboa, el 13 de abril, el indicador venía aflojando. A inicios de junio se mantuvo por debajo de 1.000 puntos y marcó tendencia descendente. En el segundo mandato de Noboa se aprobaron leyes de Integridad Pública, Inteligencia, Solidaridad Nacional, Fortalecimiento de Áreas Protegidas y Transparencia Social. Esas normas sumaron 47 demandas en la Corte Constitucional. La Ley de Integridad Pública acumuló 31 de esas causas. La Corte suspendió de forma temporal varios artículos mientras estudiaba la constitucionalidad. En paralelo, la Conaie resolvió en Riobamba convocar a un paro nacional 2025 y pedir la derogatoria del decreto 126. La ‘toma’ de Latacunga para el 21 de septiembre se puso sobre la mesa. La Cámara de Comercio de Guayaquil pidió “Diálogo, no disturbios” y protestas pacíficas. La Cámara de Comercio de Cuenca rechazó afectaciones al trabajo, comercio y abastecimiento. El Comité Empresarial Ecuatoriano y Asobanca también rechazaron la paralización. En 2022, el Banco Central calculó pérdidas por USD 1.000 millones, de los cuales USD 775 millones golpearon al sector privado.