Franklin Samaniego, asambleísta de Revolución Ciudadana, cuestionó la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia para el IESS y el Biess. En Manavisión Plus aseguró que la norma afectaba a afiliados y jubilados. Dijo que abría la puerta a la privatización de la seguridad social y respondía a exigencias del FMI. Recordó que el pleno aprobó la ley con 77 votos y que su bloque votó en contra. Señaló que el presidente Daniel Noboa ofreció más afiliados y mejores prestaciones, pero que la realidad era distinta. Afirmó que en 2025 había 34.342 afiliados menos que en 2023. Criticó que la ley autorizaba endeudamiento y negociación de cartera con la banca privada. Remarcó que el IESS era acreedor y que no debía convertirse en deudor. Explicó que el oficialismo habilitaba préstamos nacionales e internacionales para el instituto. Añadió que la cartera hipotecaria podía entregarse a bancos privados para la recaudación. Sostuvo que se buscaba liquidez para cumplir pasos acordados con el FMI. Defendió que su bloque no obstruía y que advertía leyes inconstitucionales validadas por la Corte Constitucional. Cuestionó que se legisle favoreciendo a la banca y a grupos de poder. Propuso frenar despidos porque al reducir afiliados caía la liquidez del sistema. Aseguró que la cartera del IESS era triple A y altamente recuperable, y que el Estado debía cubrir al instituto en caso de falta de liquidez. Planteó límites claros para entregar solo cartera con mora alta, pidió votar por bloques y dijo que no fue escuchado. Reclamó que el Ejecutivo gobernaba con decretos urgentes que mezclaban asuntos económicos, penales y administrativos, algo prohibido por la Constitución. Recordó que la RC fiscalizó salud y que se declaró la emergencia para comprar medicamentos, y criticó la campaña con bonos y la propuesta de Asamblea Constituyente que no resolvía problemas de fondo. Contrastó que en el correísmo se levantaron 97 unidades médicas y 659 dispensarios, se amplió la cobertura a 3,4 millones y se triplicó el número de médicos. Sostuvo que el IESS no es un banco común porque pertenece a los afiliados. Cerró diciendo que temía que esta ley fuera el inicio de la privatización, que el IESS es el banco de los afiliados y que el Estado debía entregar liquidez y cumplir sus obligaciones en lugar de condonar deudas a grandes empresarios.