La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, ha dado un nuevo giro en la polémica que la enfrenta con el Gobierno de Daniel Noboa. Este jueves 19 de septiembre de 2024, Abad presentó una acción de protección con medida cautelar contra el Ministerio del Trabajo y la Procuraduría General del Estado. La medida fue aceptada y el caso recayó en la jueza anticorrupción Gloria Mayorga, de la Unidad Judicial Especializada en Garantías Penales para delitos relacionados con corrupción y crimen organizado en Quito.

El conflicto comenzó cuando, el 12 de septiembre, el Gobierno solicitó al Ministerio de Trabajo iniciar un sumario administrativo contra Abad. La razón: un supuesto retraso en su salida de Israel, país en el que cumplía funciones diplomáticas. Según la Cancillería, la vicepresidenta debía abandonar Israel antes del 1 de septiembre, pero lo hizo recién el 9 de septiembre. Este hecho generó el proceso administrativo en su contra, que determinará si Abad incurrió en faltas establecidas por la Ley Orgánica de Servicio Público.

En su defensa, Verónica Abad afirmó que este traslado y el proceso en su contra buscan "silenciarla" y frenar su participación política de cara a las próximas elecciones presidenciales. Según sus declaraciones, la orden de abandonar Israel respondió a un pedido propio por razones de seguridad, y no a incumplimientos como sostiene el Gobierno.

El conflicto ha escalado aún más, pues Abad también presentó una denuncia contra las ministras Gabriela Sommerfeld e Ivonne Núñez, a quienes acusa de persecución política por ser las responsables de abrir el sumario administrativo en su contra. La Asamblea Nacional, liderada por Henry Kronfle, ya ha anunciado que tratará esta denuncia en el próximo pleno, programado para el martes. Kronfle también mencionó que se reunirá con los jefes de bancada para coordinar las acciones a tomar.

El entorno político está en tensión. Las declaraciones de Abad, sumadas a su decisión de tomar acciones legales, han provocado una ola de reacciones en el Gobierno y entre los sectores de oposición. Desde el Gobierno de Noboa han asegurado que las medidas tomadas contra Abad están basadas en normativas y no en motivos políticos, aunque la vicepresidenta insiste en que todo se trata de una estrategia para silenciarla.

Mientras se desarrolla el proceso legal, la jueza Mayorga deberá analizar la solicitud de protección presentada por Abad. Por su parte, la Asamblea Nacional se prepara para el debate del tema, el cual promete ser uno de los puntos más álgidos de la sesión del próximo martes.

Este episodio pone en evidencia las tensiones dentro del Gobierno de Daniel Noboa y abre un debate sobre la persecución política y el respeto a los procedimientos administrativos en la función pública.