La violencia sexual en las instituciones educativas de Ecuador es un problema endémico que ha sido ignorado por demasiado tiempo. Un reciente informe de Human Rights Watch, titulado "Como poniendo parches", revela que miles de casos de abuso sexual persisten en las aulas a escala nacional, afectando a 7,303 niños, niñas y adolescentes.

El informe destaca que, en la última década, se han registrado 6,438 casos de violencia sexual en instituciones educativas, de los cuales 2,827 ocurrieron en los últimos cuatro años. La impunidad y la falta de recursos han perpetuado un ciclo de sufrimiento para las víctimas, con docentes y personal escolar entre los agresores.

Uno de los problemas más alarmantes señalados por Human Rights Watch es la escasez de fiscales y recursos en el sistema judicial ecuatoriano. A finales de 2023, la tasa era de 4,91 fiscales por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del estándar latinoamericano. Para cubrir la demanda, la Fiscalía General del Estado necesitaría incorporar al menos 564 agentes fiscales adicionales, junto con sus secretarios y asistentes, sumando un total de 1,692 servidores judiciales.

Esta falta de personal no solo retrasa las investigaciones, sino que también contribuye a la revictimización de las víctimas, quienes deben repetir sus historias en múltiples ocasiones. Además, muchas víctimas y sus familias no denuncian los abusos debido a la percepción de impunidad y la hostilidad del proceso judicial, afectando gravemente su salud mental.

El informe de Human Rights Watch recomienda medidas concretas como la implementación de protocolos claros para la denuncia y respuesta a los casos de abuso, así como la capacitación del personal educativo en la prevención y manejo de la violencia sexual. Estas medidas deben ir acompañadas de un compromiso real de financiamiento y recursos adecuados.

La Educación Sexual Integral (ESI) debe ser parte del currículo escolar, no solo como un requisito, sino como una herramienta para empoderar a los estudiantes y crear un entorno de respeto y consentimiento. Países como Suecia y los Países Bajos han integrado la ESI desde una edad temprana, promoviendo una cultura de respeto. En Australia, los protocolos de denuncia han empoderado a los estudiantes para que se sientan seguros al reportar abusos, creando un entorno educativo más saludable y equitativo.

La lucha contra la violencia sexual en las instituciones educativas no solo se trata de políticas; es una cuestión de justicia social. Esto implica la implementación de medidas preventivas, apoyo a las víctimas y garantizar el acceso a la atención y justicia que merecen. Las ONG, los defensores de los derechos humanos y los ciudadanos deben alzar la voz y exigir cambios.

La violencia sexual en las instituciones educativas es un problema que no podemos permitir que continúe. No es posible estar de brazos cruzados o con acciones burocráticas y lentas. El llamado que hace Human Rights Watch es para actuar ahora, por la seguridad y el bienestar de los niños y adolescentes de Ecuador.