Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, sigue en pie de lucha tras la suspensión de sus derechos políticos. Desde Turquía, donde cumple funciones diplomáticas, denunciaron a dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma y Ángel Torres, acusándolos de "enemistad manifiesta y conflicto de intereses". La funcionaria asegura que han favorecido intereses personales y políticos para evitar que ella asuma la Presidencia en caso de ausencia de Daniel Noboa. En diciembre de 2024, Abad presentó una denuncia ante la Fiscalía contra los jueces del TCE, alegando que se urdió un plan para anularla políticamente. Sin embargo, el 28 de febrero de 2025, el juez Guillermo Ortega la sentenció sin pruebas, según ella, suspendiendo los derechos políticos y aplicándole una multa que calificó de "exhorbitante". Por esta razón, solicitó a la Asamblea Nacional que fiscalice el accionar del magistrado, al considerar que ha alterado el orden democrático del país. Mientras tanto, el presidente Noboa ha tomado medidas en su contra, derogando los decretos que le permitían ejercer funciones como vicepresidente. Abad también reclama que le devuelvan el acceso a sus cuentas institucionales. La tensión entre la segunda mandataria y el Gobierno sigue escalando, con el futuro político de Abad dependiendo de un hilo.