La Procuraduría General ha marcado un hito en la lucha contra la corrupción con la presentación de una acusación particular contra 51 procesados en el llamado Caso Metástasis, acusándolos de formar parte de una red de delincuencia organizada. Este caso, que ha sacudido los cimientos del sistema judicial ecuatoriano, incluye entre los acusados a exfuncionarios públicos de alto rango, como Wilman Terán y Pablo Ramírez, destacando la profundidad de la presunta corrupción infiltrada en las instituciones del Estado.

La decisión se dio a conocer justo un día antes de que finalizaran los 120 días de instrucción fiscal, periodo durante el cual se recopilaron suficientes evidencias para sostener las acusaciones. Según la ley, específicamente el artículo 441, numeral 6 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el Estado se considera víctima directa de estos delitos, lo que refuerza la posición de la Procuraduría en el proceso judicial.

De manera significativa, Dany Mendoza Velásquez fue excluido de la lista de acusados. La pareja de una guía penitenciaria no enfrentará cargos por falta de evidencia concreta que lo vincule con las actividades delictivas, subrayando la seriedad y especificidad con la que se ha llevado a cabo el proceso de acusación.

La fiscal Diana Salazar, que ha estado al frente de las investigaciones, ha anunciado que solicitará al juez que programe la audiencia de evaluación y preparación de juicio dentro de los próximos 15 días. Además, la Procuraduría ha expresado su intención de pedir no solo sentencias firmes, sino también disculpas públicas y reparaciones económicas de los condenados, destacando el compromiso del Estado con la justicia y la reparación integral a la sociedad.

Este caso no solo evidencia la capacidad del sistema judicial de auto-purificarse, sino que también establece un precedente crucial para futuras investigaciones de corrupción en Ecuador, esperando que este sea un paso adelante hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los asuntos públicos.