Las explosiones del 14 y 15 de octubre de 2025 en Guayas encendieron de nuevo el choque entre ADN y la Corte Constitucional. La disputa giró en torno a la Ley de Inteligencia, que seguía bajo revisión por demandas de inconstitucionalidad. La bancada oficialista aseguró que con la norma vigente se habría evitado el ataque del martes en Guayaquil. Ese hecho dejó un fallecido y heridos cerca de un centro comercial de Guayaquil. ADN reclamó que, a casi dos meses de la suspensión, la Corte aún no emitió su dictamen. También recordó que la audiencia por los reclamos se realizó el 1 de septiembre y que todo quedó en espera.

Los jueces sí resolvieron el 26 de septiembre sobre las leyes urgentes de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública. Ambas fueron declaradas inconstitucionales tras ser analizadas en paralelo a la Ley de Inteligencia. El asambleísta Andrés Castillo anunció que insistirían con escritos para lograr un pronunciamiento de fondo. Pidió que la discusión no se quede en objeciones de forma y que la Corte resuelva el caso. A inicios de agosto, la Corte admitió a trámite cerca de veinte demandas contra la Ley de Inteligencia. Esa ley había sido aprobada el 10 de junio de 2025 por la mayoría oficialista y sus aliados. Con la admisión, los jueces suspendieron doce artículos mientras avanzaba el proceso. Se frenaron puntos como los gastos especiales y la incineración de sus respaldos.

También se detuvo la doble identidad para agentes y los pedidos a operadoras telefónicas sin orden judicial. Además se bloqueó la interceptación de documentos o comunicaciones sin autorización de un juez. Para el oficialismo, esa herramienta habría sido clave para interceptar llamadas de los presuntos autores y anticiparse. Castillo afirmó que Fuerzas Armadas y Policía no pudieron adelantarse por las restricciones vigentes. La Corte explicó que la suspensión precautoria buscó evitar afectaciones inminentes a la intimidad, datos personales, correspondencia, acceso a información y debido proceso. Tras la ola de ataques, en la Asamblea se inició una investigación y la bancada ADN pidió un dictamen urgente.