Ni una semana ha pasado desde que la Ley de Solidaridad, impulsada por el Gobierno de Daniel Noboa, entró en vigencia, y ya la Asamblea Nacional prepara una reforma para corregir un error de redacción. El fallo está en la figura del “indulto diferido”, que fue planteado originalmente como un “indulto anticipado”. Esta medida permitiría al Presidente indultar a personas antes de recibir sentencia, pero solo si luego son halladas culpables y su sentencia queda ejecutoriada. El problema es que en el Código Penal, la ley quedó escrita como “indulto anticipado”, generando un cruce legal con lo aprobado en la Ley de Solidaridad. Por eso, la Comisión de Desarrollo Económico –la misma que tramitó la ley– ahora intenta enmendar el lío incluyendo una reforma penal dentro de otro proyecto urgente. Así buscan cambiar el nombre a “indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno”. Hasta que esa nueva ley entre en vigencia, el error deja un vacío jurídico. Mientras tanto, abogados defensores de militares procesados ya invocan la norma para pedir hábeas corpus, aprovechando el malentendido. La ley fue creada para brindar beneficios por razones humanitarias o de interés público, pero no aplica a delitos como genocidio, tortura o corrupción. Sin embargo, el cruce legal actual genera dudas sobre cómo y cuándo se podrá aplicar. Aunque el oficialismo celebró la aprobación con aplausos, hoy la Comisión que redactó la ley reconoce que necesita ajustes urgentes para que no se preste a interpretaciones erróneas. El error ha encendido las alarmas en el Legislativo, justo en momentos donde hay militares pidiendo salir de prisión preventiva gracias a esta nueva figura. La corrección busca evitar abusos, pero también deja claro que en la carrera por aprobar leyes urgentes, algunos detalles pasan por alto.