El Banco Central del Ecuador tiene luz verde para pedir información a cualquier entidad estatal y así definir qué cooperativas de ahorro y crédito pasarán a ser bancos privados. El presidente Daniel Noboa firmó un reglamento el 23 de julio de 2025 que elimina trabas de confidencialidad y autonomía: ahora, el BCE puede solicitar datos incluso a la Superintendencia de Bancos, SRI, Aduanas, Ministerio de Finanzas, Corporación de Seguros de Depósitos, UAFE y cualquier otra institución pública. Ninguna de ellas podrá negarse por secreto o reserva; si la información es confidencial, igual deberán entregarla indicando su carácter reservado. Esta medida llega luego de que la Asamblea aprobara la ley para convertir cooperativas en bancos y da a la Junta de Política y Regulación Financiera tres meses para definir las reglas del cambio, tras analizar los riesgos e interconexión de cada cooperativa. La justificación oficial es proteger los ahorros y la estabilidad financiera, pero las cooperativas pusieron una demanda de inconstitucionalidad porque creen que esto ataca el modelo cooperativo, basado en la solidaridad y no en las reglas de los bancos privados. Según los directivos del sector, forzar a seis millones de socios a convertirse en bancos es una violación de su voluntad y del sistema popular y solidario. Temen que se pierda la esencia de las cooperativas, que nació para fomentar la inclusión y el desarrollo local, y advierten que con esa lógica mañana podrían forzar a los bancos a ser cooperativas. El debate está servido y los ahorristas quieren saber qué pasará con su dinero.