El correísmo ha presentado denuncias formales contra tres legisladores, tras los incidentes ocurridos durante la sesión de la Comisión de Fiscalización que archivó el juicio político contra la fiscal general Diana Salazar. Estas denuncias deben ser tratadas por la Comisión de Administración Legislativa (CAL), donde el correísmo, en conjunto con el Partido Social Cristiano (PSC), tiene mayoría.

La sesión del pasado 9 de septiembre fue el escenario de múltiples tensiones, cuando se discutió la continuidad del juicio político a la fiscal general. El correísmo ha señalado a Paola Cabezas, Inés Alarcón y César Umajinga, acusándolos de diferentes actos durante la votación que culminó en el archivo del juicio.

La legisladora correísta Paola Cabezas presentó una queja contra Inés Alarcón, del oficialismo, argumentando que la acción de protección interpuesta por Alarcón en contra de la Asamblea fue un acto que obstaculizó los procesos judiciales en curso, obligando a retomar los juicios contra exministros del gobierno anterior.

César Umajinga, legislador de ADN, también enfrenta una queja formal presentada por el correísmo, quien lo acusa de un supuesto conflicto de interés. Según los correístas, Umajinga debería haberse abstenido de votar en el juicio debido a que tiene una investigación en curso en la Fiscalía, lo cual, según ellos, lo inhabilitaba para participar en la decisión.

Finalmente, la correísta Jhajaira Urresta pidió la sanción de Lenin Rogel, exlegislador del Partido Social Cristiano, acusándolo de "incitar el caos" durante la sesión del 9 de septiembre. Aunque Rogel no participó directamente en las confrontaciones verbales dentro de la Comisión de Fiscalización, su voto en blanco fue considerado por el correísmo como un acto que exacerbó la tensión, contribuyendo a desestabilizar la votación para continuar con el proceso en contra de la fiscal general.

Estas denuncias han intensificado el ambiente en la Asamblea Nacional, especialmente en un momento en el que la Comisión de Fiscalización aún no ha sido convocada para continuar con los dos juicios políticos pendientes a exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Uno de esos casos es el del exsecretario de Educación Superior, Sebastián Corral, cuyo proceso ya fue archivado por segunda vez. La mesa de Fiscalización debe también resolver el juicio contra Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior, luego de que la proponente retirara el pedido. Por su parte, el juicio político contra el exministro de Finanzas, Pablo Arosemena, está a la espera de que se presenten nuevas firmas.

La situación ha generado tensiones políticas entre las bancadas, y se espera que el CAL, con la mayoría del correísmo y el Partido Social Cristiano, decida pronto si las sanciones solicitadas proceden o no. Mientras tanto, los juicios políticos pendientes mantienen en suspenso el debate sobre la responsabilidad de varios exfuncionarios en el manejo de la administración pública durante el gobierno anterior.