Este lunes 1 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional instaló la audiencia pública por las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Inteligencia. La diligencia arrancó a las 10:21 de la mañana de forma virtual y fue conducida por la jueza ponente Alejandra Cárdenas. Varias organizaciones sindicales, entre ellas el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular y la Unión Nacional de Educadores (UNE), presentaron acciones en contra de la normativa. También participaron colectivos de derechos humanos, académicos y abogados que expresaron su rechazo a varios puntos de la ley. A la lista de demandantes se sumaron la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Los grupos sostienen que la ley atenta contra derechos fundamentales y libertades ciudadanas. El debate se da en medio de críticas por la forma en que la normativa regula la inteligencia en el país. En las últimas semanas, el tema ha generado discusión sobre la protección de la privacidad y la reserva de fuentes. Los sindicatos advierten que la ley podría abrir la puerta a abusos en el manejo de información. Los académicos y juristas señalan que las reformas afectan principios básicos del derecho constitucional. Desde su aprobación, la Ley de Inteligencia despertó cuestionamientos de distintos sectores sociales. El Ejecutivo defendió su necesidad para fortalecer la seguridad del Estado. El presidente Daniel Noboa incluso firmó el reglamento que regula aspectos operativos de la norma. Pese a ello, la controversia sigue en aumento. La audiencia de este lunes busca escuchar a las partes y evaluar los argumentos. La Corte Constitucional será la encargada de emitir un fallo que podría marcar el futuro de la ley. Mientras tanto, colectivos de derechos humanos mantienen la expectativa de que se priorice la protección ciudadana. El análisis continúa y el país sigue atento a la resolución.