El sector energético de Ecuador enfrenta una crisis aguda que ha puesto en evidencia las limitaciones del marco legal actual. Pese a la aprobación de la Ley de Competitividad Energética a inicios de 2024, conocida como la ley "No Más Apagones", las expectativas sobre un aumento significativo en la inversión privada para la generación de electricidad no se han cumplido. En el país, el sector privado genera apenas el 1 % de la energía total consumida, lo que equivale a unos 79 megavatios de los 7.000 que demanda el sistema.

El objetivo de la ley era incentivar la autogeneración y venta de electricidad por parte de las empresas privadas, pero las disposiciones impuestas resultaron insuficientes. Inicialmente, se permitió que el sector privado generara hasta 2 megavatios, luego extendido a 10 megavatios, una cifra insignificante ante el déficit actual de mil megavatios que enfrenta Ecuador.

La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Gabriela Uquillas, cuestionó estas restricciones y señaló la falta de diálogo abierto con el gobierno. "¿Por qué limitar a 10 megavatios? ¿Por qué no permitir mayor libertad para que el sector privado invierta y genere la energía que el país necesita?", expresó. Aunque los empresarios han mostrado interés en invertir en la generación eléctrica, aún no existe una estrategia clara que facilite esta inversión.

Para mitigar la crisis, el Ministerio de Energía ha implementado una nueva resolución que permite a las empresas privadas vender al Estado la energía que generan sus sistemas de emergencia. Sin embargo, el proceso es burocrático: las empresas deben presentar solicitudes a las distribuidoras de energía, y tras dos semanas de trámites, se instalan medidores para registrar la energía suministrada. El pago se realiza mediante notas de crédito que cubren también los gastos de combustible y mantenimiento.

A pesar de este esfuerzo, la cantidad de energía que podría inyectarse al sistema aún es incierta. El principal problema radica en que la participación es voluntaria, y muchas empresas no están dispuestas a asumir los costos adicionales de este proceso. Mientras tanto, el país continúa enfrentando un déficit energético que podría causar más apagones, como ya ocurrió en varias ciudades durante 2023.

El gobierno reconoce que las reformas legales no han sido suficientes para atraer las inversiones que el sector energético necesita urgentemente. Con una demanda creciente y una oferta limitada, Ecuador se encuentra en una encrucijada que requiere soluciones inmediatas para evitar futuras interrupciones del suministro eléctrico.