En un movimiento histórico para Ecuador, la Asamblea Nacional aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, una propuesta enviada por el presidente Daniel Noboa. Esta legislación, que ha generado gran expectativa en la sociedad ecuatoriana, representa un paso crucial en la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y otros delitos vinculados al crimen organizado.

El principal objetivo de esta ley es implementar mecanismos eficientes para que el Estado pueda monetizar los activos incautados que provengan de actividades ilícitas o cuyo origen no pueda justificarse. La asambleísta Nathaly Farinango, al frente de la Comisión de Régimen Económico, destacó que con esta ley se aspira a recuperar aproximadamente $110 millones para el Estado, una cifra significativa que proviene directamente de las incautaciones realizadas en operativos contra el crimen organizado.

Además de la recuperación de activos, se espera que la ley genere un ahorro considerable en la contratación pública, estimado en 32 millones de dólares. Este ahorro permitirá recuperar otros 170 millones.

Uno de los aspectos más destacados de la ley es que ya no será necesario contar con una sentencia previa para proceder con la extinción de dominio de bienes de origen ilícito. Este cambio normativo es fundamental para debilitar el financiamiento de las bandas delictivas y enviar un mensaje claro: Ecuador no tolerará la corrupción ni el enriquecimiento ilícito.