Ecuador es señalado como un narcoestado por la creciente infiltración del crimen organizado en sus instituciones.

El término se usa tanto dentro como fuera del país para describir la crisis de seguridad.

Casos como Metástasis y la Mafia Albanesa revelaron nexos entre el narcotráfico y jueces, fiscales y políticos.

Policías, militares, empresarios e incluso periodistas han sido relacionados con redes criminales.

La debilidad institucional y la falta de independencia judicial han facilitado el avance del crimen organizado.

La dolarización es aprovechada por el narcotráfico para lavar dinero sin un control financiero sólido.

Se estima que entre USD 2.000 y 4.000 millones ingresan anualmente de forma ilícita al país.

El asesinato de figuras políticas ha aumentado la percepción de que Ecuador es un narcoestado.

En las elecciones anticipadas de 2023, hubo 8 atentados y 7 asesinatos de candidatos y autoridades.

Entre las víctimas estuvieron Fernando Villavicencio y Agustín Intriago, figuras claves en la política.

Las respuestas del Estado han sido insuficientes y fragmentadas entre diversas instituciones.

Estados de excepción, comités de seguridad y leyes antilavado no han logrado frenar la violencia.

Expertos coinciden en que se necesita una política de Estado con reformas profundas.

El control del lavado de dinero y la protección a jueces y fiscales son medidas urgentes.

Si Ecuador aún no es un narcoestado, va camino a serlo si no se toman acciones inmediatas.