La Fiscalía General del Estado (FGE) ha recibido un informe policial de 1,600 páginas que detalla una compleja red de corrupción judicial en la Corte Provincial de Justicia de Guayas. El documento, parte de la instrucción fiscal del denominado caso Purga, identifica al exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes como la figura central y líder de esta estructura criminal. Muentes, quien está preso desde marzo de 2024, habría usado su influencia para manipular fallos judiciales y beneficiar económicamente a diversos actores.

El informe policial revela que en la jerarquía de la red, Muentes estaba en la cima, seguido por altos funcionarios judiciales como Mercedes Villarreal, exdirectora del Consejo de la Judicatura de Guayas; Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Guayas; y Johann Marfetán, exjuez de la misma corte. Estas personas habrían facilitado el tráfico de influencias y otras gestiones ilícitas. Además, un tercer nivel de la estructura incluye a 19 personas más, entre las que se encuentran jueces, militares, familiares de Muentes y otros funcionarios judiciales.

El informe detalla varios casos de corrupción que involucran a Muentes, como su intervención en un fallo que ordenó al Banco del Pacífico pagar cuatro millones de dólares, una acción que habría coordinado junto a su esposa y su asistente mediante maniobras ilegales. Este caso es solo uno de los muchos que se encuentran en el extenso reporte que presentará la Fiscalía en la audiencia de llamado a juicio prevista en 20 días en la Corte Nacional de Justicia.

Además de estos casos, el informe menciona la influencia de Muentes en la campaña para posicionar al juez Hugo González como presidente de la Corte de Guayas y las gestiones a favor de Adolfo Villamar, alias Fito, líder del grupo criminal Los Choneros. También se detalla el tráfico de influencias en sorteos de causas judiciales y una acción de protección entregada al Cuerpo de Ingenieros del Ejército a cambio de sobornos.

Otro aspecto crucial en el informe es el tráfico de tierras, en el que Fausto Alarcón, primo de Muentes y su testaferro, habría manejado propiedades en favor del exasambleísta, aprovechando su influencia en el sistema judicial. La Fiscalía presentará todos estos elementos probatorios en la audiencia para respaldar la acusación de delincuencia organizada contra los 25 procesados.

La revelación de esta red delictiva expone la corrupción dentro de la administración de justicia en Guayas, y la FGE ha asegurado que continuará con las investigaciones para desmantelar completamente la estructura y garantizar que todos los responsables reciban las sanciones correspondientes.