El Gobierno de Ecuador, a través del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, evalúa la posibilidad de declarar una emergencia nacional debido a los incendios forestales y el déficit hídrico que afectan a varias provincias del país. La ministra de Ambiente y presidenta del COE-N, Inés Manzano, encabezó la reunión en la que participaron diversos ministros del Ejecutivo para analizar la situación crítica.

"Disponer a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que elabore el informe técnico justificativo para poder evaluar la factibilidad de una declaratoria de emergencia nacional", anunció Manzano tras la reunión. Esta resolución se basa en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, que establece los procedimientos para declarar estados de emergencia en el territorio nacional.

En el tercer párrafo, se destaca que las provincias más afectadas y declaradas en alerta roja son Carchi, Cotopaxi, Loja, Pichincha, Cañar, Imbabura, Azuay y Bolívar en la región andina; Zamora Chinchipe, Napo y Orellana en la Amazonía; y El Oro, Santa Elena y Manabí en la costa. Además, se mantiene la suspensión de clases presenciales hasta el 27 de septiembre en todas las instituciones educativas del Distrito Metropolitano de Quito, y se evaluará extender esta medida en los cantones en alerta roja.

Otra de las resoluciones del COE-N es la firma de un convenio entre los Ministerios de Ambiente e Interior para implementar programas de reforestación en zonas afectadas y páramos. Asimismo, se instó al Ministerio de Vivienda a reparar y reponer las viviendas dañadas o destruidas por los incendios forestales. Los responsables de provocar estos siniestros serán puestos a órdenes de la justicia y podrían ser procesados por el delito de terrorismo, según indicó el presidente Daniel Noboa.

La declaración de emergencia nacional permitirá a las autoridades locales y nacionales coordinar esfuerzos y recursos para enfrentar la crisis ambiental. Las instancias con mayor capacidad técnica y financiera brindarán apoyo al gobierno autónomo descentralizado que lo requiera. La medida garantizará también la protección del patrimonio natural y la aplicación de normativas para la conservación de ecosistemas frágiles y biodiversidad.