La jueza Mercedes Caicedo, de la Corte Nacional de Justicia, ha solicitado formalmente a la Presidencia de la Asamblea Nacional levantar la inmunidad parlamentaria de la legisladora Mónica Palacios, representante del movimiento correísta Revolución Ciudadana. La petición se da en el marco de una querella por presunta calumnia que interpuso el presidente Daniel Noboa en su contra, y su resolución dependerá de la votación de 92 legisladores en el pleno.

La solicitud de Caicedo requiere que la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, también de Revolución Ciudadana, convoque una sesión para abordar el tema. En esta sesión, los asambleístas decidirán si otorgan o no la autorización para que Palacios pierda su inmunidad, permitiendo así que el proceso judicial avance. Sin la inmunidad, la legisladora deberá enfrentar las acusaciones de calumnia que sostiene el presidente Noboa en su contra.

De acuerdo con el procedimiento, si los 48 legisladores del bloque de la Revolución Ciudadana votan en bloque en contra de levantar la inmunidad de Palacios, el proceso judicial podría quedar frenado hasta que ella finalice su periodo como legisladora. Esto pondría en pausa la querella, mientras Palacios sigue ejerciendo sus funciones parlamentarias.

En una rueda de prensa en la Asamblea Nacional, Mónica Palacios declaró que no tiene intenciones de "callarse" y que, pese a la querella, continuará con lo que considera su labor fiscalizadora contra el gobierno de Noboa. "No le tengo miedo a Daniel Noboa. No me voy a callar. Voy a seguir fiscalizando su corrupción, inoperancia y la forma en la que está acabando con el país", afirmó la asambleísta de manera desafiante.

Palacios también aseguró que ha mantenido conversaciones con representantes de otras bancadas, como el Partido Social Cristiano (PSC) y Construye, con el objetivo de sumar apoyos y evitar que se apruebe el retiro de su inmunidad. Según fuentes internas de la Asamblea, se espera que la sesión para tratar este tema se realice la próxima semana.

Este caso representa un momento delicado para la Asamblea y para la política ecuatoriana, ya que la decisión podría sentar precedentes sobre el alcance de la inmunidad parlamentaria en Ecuador y el rol de los legisladores en la fiscalización del Ejecutivo.