El Pleno de la Asamblea Nacional se alista para el primer debate de la nueva Ley Energética, una propuesta que busca incentivar la inversión privada en la generación de energía renovable y solucionar la actual crisis eléctrica en Ecuador. El borrador del proyecto será discutido entre el 21 y el 22 de octubre y tiene como ejes principales la importación de gas natural y la regulación de las tarifas eléctricas.

El informe aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico llegó al Pleno casi sin cambios respecto a la versión original enviada por el presidente Daniel Noboa. La única modificación fue la eliminación de un artículo que garantizaba tarifas eléctricas competitivas para el sector privado, lo que generó controversia en la mesa legislativa. Blasco Luna y Lenín Lara, ambos del bloque correísta, se abstuvieron en la votación, señalando que el proyecto aún tiene puntos débiles.

Cambios en la generación privada

Uno de los aspectos más importantes de la ley es la ampliación de la capacidad de generación privada de energía, que actualmente está limitada a 10 megavatios (MW). La nueva normativa propone elevar ese límite a 100 MW para proyectos de energía renovable y 50 MW para energía de transición, como parte de la estrategia para reducir los apagones y fortalecer el sistema eléctrico del país. Este aumento busca facilitar el ingreso de nuevas inversiones, eliminando la necesidad de concursos públicos para obtener licencias, lo que, según el Gobierno, acelerará la generación de energía limpia.

Sin embargo, expertos como Jorge Luis Hidalgo creen que, aunque la medida es positiva, no es suficiente para atraer grandes inversionistas. “Es necesario revisar las tarifas y ofrecer más garantías”, asegura Hidalgo, quien advierte que los costos de generación y distribución siguen siendo un obstáculo para la iniciativa privada.

¿Importar o extraer gas natural?

Otro punto clave del debate será la transición hacia fuentes de energía más limpias. La ley obliga a las empresas que operan con generación térmica a migrar hacia tecnologías de menor impacto ambiental, incluyendo el uso de gas natural en lugar de combustibles fósiles. Para facilitar esta transición, el Estado permitirá la importación de gas natural de manera más ágil. Esta propuesta ha generado críticas de algunos legisladores, como Blasco Luna, quien sostiene que el país debería aprovechar mejor sus reservas de gas metano, en lugar de depender de la importación.

Actualmente, Ecuador enfrenta una crisis energética en la que la demanda supera a la oferta, lo que ha obligado al Gobierno a buscar soluciones inmediatas. Aunque existen alternativas locales, como el Campo Amistad, donde se podría aumentar la producción de gas, las licencias para la extracción son lentas y complejas, lo que ha empujado al país a depender de la importación.

Tarifas bajo la lupa

El proyecto inicial también proponía respaldar las garantías de pago para las empresas que vendan energía al Estado, lo que aseguraría que estas recuperen su inversión. Sin embargo, este punto fue eliminado del texto final, debido a las preocupaciones de que podría llevar a un aumento en las tarifas eléctricas para los consumidores. Según Luna, esta disposición habría permitido que el sector privado fijara precios sin competencia, perjudicando a las distribuidoras públicas y, por ende, a los usuarios.

A pesar de las modificaciones, Jorge Luis Hidalgo sostiene que sin una revisión de las tarifas eléctricas será difícil atraer capital privado. “Es vital flexibilizar los contratos y evitar nuevos impuestos para que las inversiones sean viables”, comenta el experto.

El debate sobre esta nueva ley promete ser intenso, ya que no solo está en juego la modernización del sistema energético del país, sino también la economía de los hogares ecuatorianos, que ya sufren los efectos de los apagones y los altos costos de la luz.