Este miércoles 4 de marzo de 2026, la Gobernación de Manabí inició la desvinculación de funcionarios de salud tras detectar irregularidades en la gestión de medicinas en varios centros. La gobernadora Aurora Valle afirmó que se trató de un “boicot” contra los pacientes por ocultamiento de medicamentos en bodegas. La decisión se tomó de forma inmediata luego de una inspección sorpresa en el cantón Santa Ana. En ese centro de salud, una funcionaria fue señalada por negar de manera repetida la entrega de Losartán, usado por pacientes con hipertensión arterial. En ventanilla, la funcionaria habría dicho que existía desabastecimiento. Sin embargo, Valle constató que el medicamento estaba guardado en cartones dentro de la bodega. La gobernadora indicó que las cajas estaban a pocos metros de los pacientes, lo que agravó la denuncia. El caso de Santa Ana marcó el inicio de una serie de sanciones, según la autoridad provincial. Durante el recorrido, Valle extendió la vigilancia al sector de Chicompe, en la parroquia La Unión. Allí detectó que el personal tampoco entregaba paracetamol pese a que los registros oficiales mostraban existencias en bodega. La gobernadora advirtió que no permitirá que se bloquee la atención en salud con este tipo de acciones. “No se puede jugar con la salud de la gente”, enfatizó al confirmar que los operativos continuarán. Valle señaló que se identificó la posible existencia de una red de servidores públicos dedicada a camuflar medicinas. También dijo que esto buscó entorpecer la gestión gubernamental. Según su versión, los más afectados fueron ciudadanos en condiciones de pobreza extrema. La Gobernación informó que la salida de funcionarios este 4 de marzo funcionó como advertencia para el resto de la red de salud en Manabí. Esa advertencia incluyó hospitales y dispensarios del Seguro Social Campesino. La prioridad, remarcó la institución, fue la atención oportuna a los pacientes. Además, se dejó claro que cualquier acto de obstrucción administrativa será sancionado con desvinculación definitiva. Con estas acciones, Manabí quedó en alerta por nuevas inspecciones y más sanciones dentro del sistema público de salud.