El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha vetado parcialmente el proyecto de Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados, con el objetivo de afinar ciertos aspectos críticos de la normativa. Según el comunicado emitido por el Ejecutivo, la propuesta enviada por la Asamblea Nacional requería ajustes en la precisión conceptual y una optimización del marco institucional para garantizar un control más efectivo sobre la producción, distribución y uso de armas en el país.

Uno de los puntos clave propuestos por el gobierno es la implementación de un sistema de trazabilidad, que permitirá controlar de manera más rigurosa todo el ciclo de fabricación y producción de armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Esta medida busca mejorar la capacidad del Estado para supervisar y rastrear estos productos desde su creación hasta su uso final, lo que sería una herramienta valiosa en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico ilegal de armas.

Además, el veto incluye la necesidad de ajustar el texto de la ley en lo que respecta a las armas de uso militar y policial, extendiendo su regulación al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Esta modificación busca evitar vacíos legales que podrían afectar la seguridad en las cárceles, un tema que ha estado bajo constante escrutinio público debido a la violencia carcelaria que ha azotado al país en los últimos años.

El Ejecutivo también ha propuesto mejorar la claridad de ciertas regulaciones en la Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular y Referéndum, lo que permitirá que las armas incautadas pasen a ser gestionadas directamente por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fortaleciendo así el control sobre los armamentos que entran ilegalmente al país.

Otro de los cambios sugeridos se refiere a los requisitos para la obtención de permisos de tenencia y porte de armas, los cuales serán ajustados para mejorar los controles sobre quienes pueden acceder legalmente a estas herramientas. De manera específica, el presidente enfatizó la importancia de prohibir el porte de armas en centros educativos, una medida destinada a proteger la seguridad de los estudiantes y reducir el riesgo de violencia en esos espacios.

Con estas modificaciones, el gobierno de Noboa busca fortalecer la seguridad ciudadana a través de una normativa más precisa y efectiva, alineada con las necesidades actuales del país. El veto parcial será ahora revisado por la Asamblea Nacional, que deberá evaluar las propuestas del Ejecutivo antes de que la ley pueda entrar en vigor.