La relatora especial de la ONU sobre la tortura, Alice Edwards, llamó al Gobierno de Ecuador a garantizar un trato humano para Jorge Glas, exvicepresidente de la República, tras denunciar condiciones inhumanas de detención y posibles actos de tortura en su contra.

Edwards, en un comunicado emitido desde Ginebra, manifestó preocupación por la salud física y psicológica del detenido, señalando que las condiciones a las que es sometido "podrían ser potencialmente mortales". Según los informes que maneja la relatora, Glas estaría confinado hasta 23 horas al día en una celda sin ventanas, con iluminación limitada y sin contacto social significativo, prácticas que violan estándares internacionales.

"Me inquietan los informes médicos y de otra índole que sugieren que Glas fue sometido a tortura, incluyendo dislocación de pulgares, laceraciones por esposas y hematomas en distintas partes del cuerpo, indicativos de agresiones físicas", detalló Edwards.

El aislamiento prolongado de Glas, que supera los 15 días, fue calificado como una forma de tortura por la experta en derechos humanos. Edwards recordó que el confinamiento solitario debe ser una medida excepcional y limitada en tiempo.

Historial y contexto:

Jorge Glas, quien fue vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2017, enfrenta múltiples condenas por corrupción. En 2017 fue sentenciado a seis años de prisión, y en 2020 a otros ocho años. Aunque obtuvo una liberación condicional en 2022, fue nuevamente arrestado en 2024 tras refugiarse en la Embajada de México en Quito, la cual fue allanada por las fuerzas de seguridad ecuatorianas en un hecho que violó normas internacionales.

La relatora de la ONU indicó que ha solicitado informes al Gobierno de Ecuador y a Alemania, país del cual Glas también es ciudadano, y advirtió que seguirá vigilando de cerca el caso.

Edwards también enfatizó que el Estado tiene la obligación de investigar las denuncias de tortura y de asegurar condiciones de detención acordes a los derechos humanos. La situación de Glas se suma a un debate nacional sobre el trato a los presos políticos y el respeto a las garantías internacionales.