Desde marzo de 2025, el Ministerio de Trabajo de Ecuador implementó reformas al reglamento que regula el trámite del visto bueno, un mecanismo que permite tanto a empleadores como trabajadores solicitar la terminación de un contrato laboral. Con las nuevas modificaciones, el proceso se ha vuelto más estricto, y ahora se exigen más formalismos y requisitos para ambos lados. Las principales modificaciones incluyen la obligación de que tanto empleadores como trabajadores se presenten acompañados de un abogado o apoderado legal en todas las fases del trámite. Además, se actualizó la lista de documentos que deben presentarse, como el certificado actualizado de cumplimiento de obligaciones con el IESS si el empleador es quien solicita la terminación del contrato. Otro cambio significativo es el proceso de contestación, que ahora deberá ser presentado por escrito y de forma formal, incluyendo los hechos y las pruebas que se consideren relevantes, siempre con el patrocinio de un abogado. Los inspectores del trabajo también tendrán que realizar investigaciones en dos fases: la primera de conciliación y saneamiento de los hechos y la segunda de pruebas y alegatos. En cuanto al proceso de apelación, se fijó un plazo de tres días para presentar el recurso, y la Dirección Regional del Trabajo tendrá un mes para resolverlo. Sin embargo, algunos expertos, como la abogada Vanessa Velásquez, ven estos cambios como un avance, destacando el plazo máximo de un mes para resolver apelaciones, aunque también consideran innecesarias algunas fases de saneamiento. Los expertos advierten que estas reformas podrían dificultar el acceso a la justicia laboral para quienes no tienen recursos para pagar asesoría legal. Con estos cambios, se busca garantizar el debido proceso, pero algunos piensan que podrían generar más obstáculos para los trabajadores.