La controversia por la posible salida del juez Carlos Serrano en el caso Triple A sumó otro capítulo este 25 de febrero de 2026. La defensa de Petroecuador pidió que el magistrado evalúe apartarse para “prevenir eventuales nulidades”. En la otra orilla, uno de los procesados solicitó que se declare improcedente cualquier intento de separación. Se trata de César Emilio Bravo Ibáñez, quien compareció en representación de Fuelcorp S.A. Bravo envió un escrito al Tribunal de Garantías Penales Especializado para delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. En ese documento pidió que se declare la “improcedencia, ilegalidad e inconstitucionalidad” de apartar a Serrano. El procesado sostuvo que no existía causal legal para excusa o recusación. Señaló que no aplicaba ninguna de las causales del artículo 572 del COIP. Afirmó que no había relación personal con las partes. También dijo que no existía interés económico en el caso. Añadió que no había animadversión. Indicó que no existió intervención previa del juez en la causa. Agregó que no había conflicto jurídico concreto que afecte la neutralidad. Para Bravo, hablar de “percepción externa” o “sensibilidad mediática” no era una causal válida. En su argumento, ese enfoque sería una interpretación extensiva que chocaría con el principio de legalidad. El escrito recordó que el tribunal se conformó por sorteo el 24 de julio de 2025. Según ese sorteo, el tribunal quedó integrado por Christian Fierro, Jorge Suidberto Sánchez Pico (en reemplazo de Gabriela Lara) y Carlos Patricio Serrano Lucero. Bravo advirtió que alterar esa integración sin causal expresa afectaría el principio de juez natural. También mencionó la predeterminación legal del órgano jurisdiccional y la inmutabilidad del juez. Además invocó el artículo 168 de la Constitución sobre independencia judicial interna y externa. En ese marco, sostuvo que separar a un juez sin base legal debilitaría la imparcialidad. Bravo también criticó el argumento de Petroecuador sobre “prevenir nulidades” y dijo que el derecho procesal no admitía excusas hipotéticas. Petroecuador, por su parte, alegó que la situación institucional y de seguridad del juez podría influir en la percepción externa de imparcialidad objetiva en un caso de alta repercusión. El Tribunal debía pronunciarse tanto sobre la posible excusa de Serrano como sobre la excusa previamente presentada por el juez Fierro. La audiencia de juicio quedó señalada para el 7 de marzo.