En la zona selvática de Lago Agrio, en la frontera entre Ecuador y Colombia, campesinos denunciaron que los bombardeos antinarco del Ejército ecuatoriano los dejaron con miedo y pérdidas totales. José Peña contó que escuchó un fuerte estallido mientras se escondía entre la maleza el 6 de marzo. Dijo que su finca quedó reducida a escombros tras el ataque. Según su relato, en ese lugar había una finca ganadera y no un campamento guerrillero. La AFP llegó hasta el sitio y recogió testimonios de pobladores que acusaron a militares ecuatorianos de cometer abusos. Los campesinos afirmaron que tres días antes del bombardeo los uniformados llegaron a la zona y prendieron fuego a las casas. Después de la explosión, tres viviendas quedaron casi destruidas, varias tejas fueron calcinadas y algunos animales murieron. Daniel Noboa presentó el operativo como parte de acciones conjuntas con Estados Unidos contra el narcotráfico. En X, el mandatario difundió la destrucción de un supuesto campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera. Sin embargo, habitantes de la zona rechazaron esa versión y aseguraron que las estructuras afectadas eran viviendas campesinas. Vicente Garrido, líder comunitario de 54 años, dijo que entre los escombros aún había cadáveres de gallinas y de dos perros. También señaló que un limonero quedó quemado y un aguacatero perdió sus frutos. Las denuncias aparecieron después de que Gustavo Petro informara sobre el hallazgo de una bomba sin estallar del Ejército ecuatoriano en territorio colombiano. Noboa respondió que esas acusaciones eran falsas y la tensión entre ambos países creció. El ministro del Interior, John Reimberg, negó ataques contra civiles y sostuvo que los objetivos fueron definidos tras meses de investigaciones. Pese a eso, Gilson Vargas lamentó que lo perdió todo y dijo que tendría que empezar de cero. El joven colombiano aseguró que militares ecuatorianos lo detuvieron junto a otros cuatro trabajadores y los acusaron de colaborar con la guerrilla. También denunció que fueron golpeados, vendados y trasladados en helicóptero a una base militar. La comunidad mostró videos en los que varios pobladores aparecieron de rodillas y con el rostro cubierto antes de ser subidos a la aeronave. La abogada Lina María Espinosa afirmó que algunos detenidos sufrieron torturas como ahogamientos en tanques de agua y electrocuciones, mientras la oficina de Derechos Humanos de la ONU recibió las denuncias y el Gobierno y la Fiscalía de Ecuador no respondieron a la AFP.