Con 80 votos, Asamblea aprobó reforma a la Ley de Contratación Pública


La reforma unificó 16 proyectos trabajados desde enero de 2024 en la Comisión de Régimen Económico.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 7 de octubre la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en la sesión 047. La votación cerró con 80 afirmativos, 62 negativos y 5 abstenciones. El oficialismo y sus aliados empujaron el proyecto con promesa de más eficiencia y control en compras estatales. El texto unificó 16 proyectos trabajados en la Comisión de Régimen Económico desde enero de 2024. La reforma incluyó 122 artículos derivados de la Ley de Integridad Pública que la Corte Constitucional declaró inconstitucional el 26 de septiembre de 2025. Nathaly Farinango defendió que el paquete se analizó por meses y que brindó seguridad jurídica. La legisladora explicó que 55 artículos ya existían en la normativa y fueron renumerados. También señaló que el resto mejoró procedimientos discutidos desde el primer debate. El informe para segundo debate alineó la norma con mandatos de responsabilidad en compras públicas y sostenibilidad ambiental. Antes del fondo, correístas plantearon cambios al orden del día que fueron desestimados. Blasco Luna pidió repudiar una agresión al pueblo cañari y no reunió votos. Gustavo Mateus propuso un pronunciamiento por respeto a la soberanía ecuatoriana y también fue rechazado. En el Pleno, Revolución Ciudadana exigió devolver el texto a comisión para corregir vicios y ampliar deliberación. José Vallejo advirtió que la forma y el fondo no garantizaron transparencia ni competencia. RC presentó 50 observaciones y apenas cinco fueron acogidas de manera parcial. Mónica Alemán alertó de discrecionalidad, ambigüedad y regímenes especiales amplios. El PSC, a través de Otto Vera, valoró avances pero pidió regresar el informe para evitar ilegalidades. Los promotores remarcaron que el SERCOP se mantuvo como ente rector y el Portal de Compras Públicas como herramienta central. Los antecedentes recordaron que la ley nació en 2008 y recogió décadas de normas dispersas. El reglamento general actualizado en 2022 fijó plazos y causales en el Registro de Proveedores. Con la aprobación, la mayoría celebró y la oposición insistió en revisar el contenido en comisión.
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