El intento de asesinato contra el candidato presidencial colombiano Miguel Uribe desvela una verdad oculta. En América Latina el crimen organizado no es un actor aislado, está enraizado dentro del poder aprovechando la porosidad del Estado, por eso es difícil combatirlo. Esta vez le tocó al candidato presidencial colombiano, Miguel Uribe; sucedió en Ecuador, y sucede en México, Honduras.

El crimen organizado no es un invitado “no deseado”, coexiste con el sistema. En países como México, Colombia, Ecuador y Honduras, los cárteles y bandas operan al margen, prácticamente gobiernan implícitamente sobre los verdaderos tomadores de decisiones. Según el Banco Mundial, la violencia le cuesta a la región hasta un 8% de su riqueza. En México, por ejemplo, la estrategia de “abrazos, no balazos” del ex presidente López Obrador (y ahora Sheinbaum), suena pacificador, pero dejó una mala imagen al gobierno cuando liberaron a Ovidio Guzmán en 2019 después de que el Cártel de Sinaloa puso la ciudad de Culiacán bajo caos, inclusive ahora hasta decapitan funcionarios públicos que toman decisiones en seguridad como el caso del ex alcalde Alejandro Arcos de Chilpancingo.

La debilidad del marco legal en América Latina agrava esta crisis. Las leyes, lejos de ser una biblia de la justicia, se convierten en instrumentos de las autoridades. El asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, asesinado por mercenarios colombianos, y el homicidio del candidato presidencial de nuestro país, Fernando Villavicencio en 2023, reflejan cómo el crimen organizado está un paso delante de la inteligencia y la justicia. Y aquí viene lo más indignante, algunos gobiernos, bajo la máscara de promesas de justicia social y progreso, han abierto la puerta al crimen organizado. No porque crean en las ideas del socialismo, sino porque les conviene políticamente. En Venezuela, por ejemplo, los “colectivos” armados, que son básicamente matones del régimen, controlan el narcotráfico y aterrorizan a cualquiera que se oponga al gobierno. Estos gobiernos hablan de igualdad mientras dejan que los criminales se apoderen de las calles, los negocios y hasta la política. La solución no es solo más policías o dotarles del equipamiento necesario, requerimos leyes que realmente funcionen, instituciones que no se vendan y líderes que no se dejen comprar. Mientras tanto, el crimen organizado seguirá siendo el verdadero jefe, y la gente común seguirá pagando el precio con sangre.