La Bahía de Guayaquil todavía huele a pólvora y tensión. Este lunes 9 de junio, el alcalde Aquiles Álvarez llegó con cámaras y equipo a entregar los módulos que el Municipio reparó tras la explosión del pasado 3 de junio. El ataque dejó seis locales destruidos y pérdidas de hasta USD 5.000 por negocio. Aunque algunos comerciantes ya regresaron, otros siguen esperando que les conecten la luz. “Las deudas no esperan”, dijo con desesperación uno de los dueños afectados. A eso de las 12:00, la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, también apareció por la zona, acompañada del ministro José de la Gasca y su equipo de seguridad. Prometieron visitar el lugar dos o tres veces por semana y crear mesas de trabajo semanales. Rovira lanzó advertencias sobre el desorden urbano y cómo eso alimenta la delincuencia. Por su parte, el ministro no se guardó nada y dijo sin pelos en la lengua que “el sistema judicial está podrido” y que la informalidad “contribuye al caos”. Mientras unos comerciantes aplaudían las visitas, otros criticaban que solo vengan a sacarse fotos. En medio de esta división, el alcalde dijo que la Bahía está “secuestrada por la delincuencia” y prometió rescatarla con trabajo conjunto. Sin embargo, el cruce de declaraciones entre Municipio y Gobierno deja claro que el ambiente sigue tenso. Entre promesas, reclamos y protocolos, la Bahía intenta volver a respirar. Son más de 4.300 comerciantes los que esperan soluciones reales. Algunos coreaban “¡La Bahía unida jamás será vencida!”, pero en el fondo hay más preguntas que respuestas. El show mediático sigue, pero la inseguridad no se detiene. Nadie olvida la explosión, pero tampoco ven cambios concretos. Mientras tanto, los cables siguen colgando y las ventas no despegan. El comercio informal y la delincuencia se cruzan en una zona donde el dinero no duerme. La pelea por ver quién manda más apenas empieza.