La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) empezó a preparar un informe que podría cambiar el futuro de varias cooperativas de ahorro y crédito en Ecuador. Esto ocurre después de que la Asamblea Nacional aprobara la nueva Ley de Integridad Pública el pasado 24 de junio. La idea es convertir ciertas cooperativas en bancos privados, algo que ha generado preocupación en los gremios y mantiene en suspenso a miles de socios. La ley ordena crear una Junta que definirá qué cooperativas representan riesgo para el sistema financiero, pero hasta ahora esa Junta no se ha conformado. El Ejecutivo tenía hasta el 26 de julio para enviar una terna con nombres, pero no lo hizo. Freddy Monge, alto funcionario de la SEPS, aseguró que ya están estudiando casos internacionales y usando herramientas avanzadas para evaluar el riesgo de estas entidades. Dijo que analizan cooperativas grandes, aquellas que si colapsan podrían hacer temblar al sistema financiero. Mientras tanto, los gremios han presentado una acción legal para frenar el proceso y acusan que la medida es innecesaria. Monge también cree que esta transformación no resuelve los verdaderos problemas y pide que los socios tengan voz en esta decisión. Las diferencias entre cooperativas y bancos son claras: las primeras no tienen fines de lucro y cada socio tiene un voto, mientras los bancos funcionan con fines comerciales y poder de accionistas. Hoy las cooperativas prestan mucho a sectores rurales, pero cambiar su estructura podría afectar esto. Monge propone otra solución: mejorar la gestión con más capacitación, nuevas tecnologías y normas internacionales. Actualmente, SEPS vigila a 645 cooperativas que manejan $12.500 millones. El tiempo sigue corriendo, pero la incertidumbre crece. ¿Qué pasará con tus ahorros?