La revelación de que La Fattoria ha embolsado más de USD 171 millones desde 2015 ha desencadenado una crisis legal y humanitaria en Ecuador. La empresa, proveedora de alimentos para más de 24 mil presos en el país, ahora se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía debido a la suspensión del servicio por falta de pago.

Este jueves, la Secretaría General de Integridad Pública presentó una denuncia en la Fiscalía, señalando presuntos actos ilícitos relacionados con esta empresa. Documentos del Centro de Inteligencia Estratégica evidencian posibles vínculos con organizaciones delictivas, responsables de motines y masacres en centros carcelarios.

El presidente Daniel Noboa ha manifestado su firme postura contra proveedores con conexiones criminales, asegurando que el Estado no favorecerá a empresas ligadas al crimen organizado. La Fattoria, bajo su contrato desde 2015, ha recibido una suma significativa, cuyo destino se cuestiona ante las acusaciones.

Mientras tanto, la crisis carcelaria se agudiza. La suspensión del servicio de La Fattoria deja a miles de presos sin alimentación adecuada, obligando a familiares a realizar donaciones improvisadas. La falta de control y calidad en la entrega de alimentos aumenta la preocupación por la salud y seguridad de los detenidos.

El monopolio de La Fattoria en el suministro de alimentos para presos, consolidado desde 2011 y extendido con contratos hasta 2016, ha generado críticas por su manejo poco transparente y presuntos favoritismos. Aunque las investigaciones apenas comienzan, la población carcelaria y sus familias esperan respuestas y soluciones urgentes ante esta crisis sin precedentes.